El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por asuntos vinculados a la corrupción en Petrobras, es objeto de otra averiguación por supuestos fraudes con ventajas tributarias para el sector automotriz, según confirmó la Policía Federal.

Según un documento remitido por el comisario Marlon Cajado a los tribunales, la Policía intenta determinar si Lula participó en forma directa o indirecta en unos supuestos sobornos de empresarios de la industria automotor a funcionarios de su Gobierno, que habrían influido para la aprobación de medidas en favor de ese sector.

Los hechos que se investigan habrían ocurrido en 2009, durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época se desempeñaba como ministra de la Presidencia.

Según las autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno que promovieron unas medidas decretadas posteriormente por Lula, mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.

Esas empresas también son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos y que, según sospecha, en realidad facilitó maniobras para evasiones tributarias por parte de esas compañías.

Lula ya ha declarado sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.

Su abogado, Cristiano Zanin Martins, afirmó que “no hay nada que justifique” esta averiguación y mucho menos que Lula haya pasado a ser considerado “investigado” en vez de “testigo”.

En el documento en que informó a la justicia sobre la ampliación de la investigación, el comisario Cajado explicó que el hecho de que la “nueva averiguación” abarque a “otros individuos”, entre los que también figuran dos exministros, no significa que éstos “hayan cometido alguna ilegalidad”.

El caso tramita en un tribunal de Brasilia, ante el que Rousseff fue convocada en calidad de testigo por el abogado Eduardo Gonçalves Valadão, uno de los 16 acusados.

La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de solamente un párrafo divulgado también hoy y en el cual dijo que no tiene información sobre el asunto y tampoco “nada a declarar”.

En otro documento, remitido al juzgado por el subjefe de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Jorge Rodrigo Araújo Messias, también se dice que en la solicitud presentada por el abogado Valadão “no hay ningún elemento que justifique” una declaración de Rousseff.

Esta nueva averiguación se suma a otra iniciada por la Policía en torno a supuestas operaciones para el blanqueo de parte del dinero desviado de la estatal Petrobras, en la cual Lula también figura como “investigado”.

En ese caso, se trata de un apartamento situado en un edificio propiedad de la constructora OAS en la ciudad de Guarujá, sobre el cual se sospecha que en realidad pertenece al exmandatario, pese a que este lo ha negado una y otra vez.

El apartamento está registrado en nombre de la constructora OAS, implicada en la corrupción petrolera, pero la policía sospecha que esa compañía, como parte de las coimas que pagaba a políticos que amparaban los desvíos de Petrobras, también distribuía pisos en ese edificio.

Al margen de esos dos casos que salpican directamente a Lula, la Fiscalía informó hoy de que ha reabierto una investigación para determinar si hubo irregularidades en la compra de 36 cazas de combate de la empresa sueca Saab por parte de la Fuerza Aérea.

Esa operación se concretó en 2014, ya con Rousseff en el poder, pero las sospechas sobre esa operación salpican a los empresarios Mauro Marcondes y Cristina Mautoni, investigados como supuestos intermediarios en la trama para favorecer a la industria automotriz.

La prensa local ha informado de que cuando Lula fue citado a declarar sobre ese supuesto fraude tributario por que el hoy se ha confirmado que también se le investiga, la policía preguntó sobre las supuestas irregularidades en la compra de los cazas.

Según esas versiones, Lula consideró “absurdo” barajar que hubo algo ilícito en la compra de los aviones o que él tuviera influencia en la operación, que se concretó tres años después de que él dejó el poder en manos de Rousseff.

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El Gobierno argentino anunció que cerró un preacuerdo por unos 900 millones de dólares para saldar deuda pendiente con 50.000 acreedores italianos, correspondiente a bonos argentinos en mora.

“Representa aproximadamente el 15 % de la deuda que quedó fuera de los acuerdos”, declaró en una rueda de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay.

El funcionario detalló que en el acuerdo alcanzado con los bonistas italianos, el Gobierno argentino reconoce el capital adeudado “y un interés prudente”, que es una tercera parte del establecido ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial para resolver controversias entre Gobiernos e inversores privados.

El titular de la cartera de Hacienda sostuvo que el preacuerdo permite a Argentina “ir normalizando las relaciones financieras internacionales”.

A su juicio, es también un paso adelante para “cerrar la brecha con los litigantes más duros”, es decir, los fondos especulativos liderados por el magnate estadounidense Paul Singer, que cuentan con una sentencia favorable en la Justicia estadounidense para el cobro íntegro de bonos argentinos impagos desde 2001, más elevados intereses.

Estos fondos rechazaron las reestructuraciones de deuda ofrecidas por Argentina en 2005 y 2010, bajo las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), a las que sí se acogieron el 93 % de los poseedores de estos títulos, que entraron en mora en medio de una grave crisis económica y social.

También rechazaron las ofertas posteriores realizadas por el Ejecutivo de Fernández para intentar destrabar el conflicto.

Tras el cambio de Gobierno, el Ejecutivo encabezado por el conservador Mauricio Macri, retomó el mes pasado las conversaciones y presentará una nueva propuesta esta semana que contempla una quita a los intereses punitorios que pesan sobre la deuda.

“Para un acuerdo hace falta la voluntad de las dos partes (…). El presidente Macri quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible y lo más justo posible. Hemos tenido varias reuniones con el mediador. La dificultad que tenemos ahora es que hay algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio en justicia es inaceptable”, explicó Prat-Gay.

“Por eso es que el acuerdo con los bonistas italianos es muy importante, porque el interés que vamos a pagar es la tercera parte de lo que tenía la sentencia”, prosiguió el funcionario, quien hizo hincapié en que la postura de Argentina es racional y justa.

Según el Gobierno argentino, el total de la deuda reclamada en el juicio era inicialmente de 2.943 millones de dólares, pero al aplicarse los últimos fallos del juez Thomas Griesa ha pasado a ser de 9.882 millones de dólares.

Como parte de la aplicación de la sentencia, desde mediados de 2014, Griesa mantiene congelados los pagos del país austral a los acreedores que sí aceptaron las reestructuraciones de deuda, a la espera de que Argentina regularice su situación con los fondos.

Por esta razón, el país suramericano ingresó en una “suspensión de pagos selectiva”, que actualmente constituye su principal traba para acceder a los mercados internacionales de crédito.

“Esta es la herencia que más nos impide avanzar, por eso nosotros lo queremos resolver. Para resolverlo necesitamos de la buena predisposición del otro lado, esperemos que en los próximos días la tengamos”, recalcó Prat-Gay.

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