La mayoría de los analistas cree que la actual administración ya jugó las cartas que tenía que jugar y que todo lo que se resta será un trabajo de pura contención y desgaste. Mucho de eso ya se está viendo y eso explica el compulsivo adelantamiento de la campaña presidencial. El protagonismo del escenario político está pasando de la presidenta Bachelet a los políticos que se perfilan como eventuales sucesores suyos para el 2018.

(Especial Infolatam).- Si el consenso de la cátedra era que a segundo gobierno de la presidenta Bachelet le estaban faltando capacidades en el plano técnico –dada la cantidad de iniciativas chapuceras, de proyectos de ley mal concebidos y de palos de ciego completamente extraviados en asuntos comprometedores y decisivos- el reciente manejo de una protesta pública de los camioneros confirmó que las carencias también son de orden político.

El gabinete reorganizado hace tres meses sigue sin convencer. La manifestación fue promovida por un grupo de transportistas de la región de la Araucanía que ha estado soportando reiterados ataques, secuestros e incendios de vehículos ante la impasividad de las autoridades del orden público y del sistema judicial. Aparte de torpe, el manejo de la protesta por parte de la autoridades fue ridículo e incurrió en tantas contradicciones que al final los manifestantes lograron su objetivo de llegar hasta La Moneda, y el país no se vino abajo. Si hubiesen sido autorizados desde el principio nada habría ocurrido y la manifestación apenas habría movido las agujas de la agenda mediática.

Con una generalizada crisis de confianza en las instituciones, una presidenta cada vez más impopular y una economía estancada, el gran problema del actual gobierno son los 32 meses que le restan para enterar su mandato. Puesto que no se advierte un cambio de rumbo, hay dudas respecto a si la cuerda podría seguir estirándose por tanto tiempo. La mayoría de los analistas cree que la administración ya jugó las cartas que tenía que jugar y que todo lo que se resta será un trabajo de pura contención y desgaste. Mucho de eso ya se está viendo y eso explica el compulsivo adelantamiento de la campaña presidencial.

El protagonismo del escenario político está pasando de la presidenta Bachelet a los políticos que se perfilan como eventuales sucesores suyos para el 2018. Los bonos del ex presidente Sebastián Piñera se están cotizando al alza en la derecha y, después de tres o cuatro intervenciones públicas de notorios alcances políticos, la figura del ex presidente Ricardo Lagos se está instalando como una posibilidad, sobre todo para el oficialismo forjado en la matriz de la vieja Concertación. Sin embargo, son también varios los que creen que la actual coalición del gobierno –la Nueva Mayoría, que juntó a la Concertación con el Partido Comunista- podría tener mejor proyección con Marco Enríquez-Ominami.

Los ex presidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, otra vez en el candelero electoral (Foto archivo)

En realidad queda aún mucho tiempo y el horizonte sigue estando muy abierto. Lagos, un político de viejo cuño, casi octogenerario, más bien autoritario y de fuerte impronta republicana, parece sintonizar poco con el país actual, aunque podría ser el hombre indicado para un escenario de crisis. La gente le reconoce a Piñera gran capacidad de gestión pero poca habilidad para conectar emocionalmente con la ciudadanía. Enríquez-Ominami es un político joven al cual las encuestas asignan bastante futuro, no obstante ser evidente que está siendo perjudicado por el fracaso de la agenda izquierdista y transformadora del actual gobierno.

Todo va a depender, probablemente, de la evolución que tenga la actual crisis económica. Para bien o mal, las crisis suelen ser grandes instancias para disciplinar y obligar al electorado a reencontrarse con la realidad y el pragmatismo. La sociedad chilena se sobregiró un tanto en los últimos años y dio por hecho, como parte del paisaje, que la economía iba a seguir creciendo al 5% anual y proveyendo mes a mes cientos de miles de puestos de trabajo. Las deprimentes cifras de comportamiento económico del año pasado y del actual muestran que eso no es así y que la embriaguez transformadora de Bachelet está teniendo costos muy altos en términos de incertidumbre, empleo, vacío de poder y conflictividad social. Si esto sigue así, Chile podría entrar en una espiral de desestabilización que haría muy impredecible cualquier desenlace.

La pregunta de la sucesión, entonces, será quién podría tener mejores espaldas para enfrentar esa crisis que parece inminente. Nadie podría asegurar que no aparecerán otros nombres. Y, tampoco, nadie podría descartar que el populismo pueda meter la cola en las próximas elecciones presidenciales con mucha mayor incidencia que hasta ahora. Si así ocurriera, la sociedad chilena podría despedirse definitivamente, o al menos por dos o tres generaciones, del sueño de llegar a ser un país desarrollado.

Es impresionante el deterioro que presenta el país en cosa de pocos meses. El gobierno de Bachelet partió no sólo con buena estrella sino también con todo a su favor: popularidad, recursos económicos, mayorías parlamentarias y un enorme caudal de expectativas ciudadanas. De eso es muy poco lo que queda en actualidad y es improbable que Bachelet lo pueda recuperar, en parte porque el escenario internacional cambió y, en parte, porque ella sigue empeñada en una conducción reformista que el país rechaza y que paradojalmente la convirtió a ella en la gran damnificada. ¿Por qué no cambia el rumbo, se preguntan todos? Y la respuesta nadie la tiene. Ni la psicología ni la política obedecen siempre a las leyes de la razón. Una y otra disciplina son efectivamente más misteriosas.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó hoy de “absurdas” las acusaciones de su colega venezolano, Nicolás Maduro, sobre supuestos planes para asesinarlo con “la anuencia” de Bogotá y atribuyó a un fracaso de la economía de ese país la escasez y la devaluación del bolívar.

“Esos son acusaciones realmente absurdas, ridículas, que se caen de su propio peso”, declaró el gobernante al instalar un consejo de ministros en al ciudad fronteriza de Cúcuta al que asisten embajadores de 18 países acreditados en Bogotá.

El gobernante colombiano respondió así a una denuncia formulada por Maduro durante su visita a Vietnam, donde afirmó que hay planes para acabar con su vida que cuentan con “la anuencia, la vista gorda” del Gobierno de Santos.

“Desde Bogotá ahora nos están agrediendo; yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme (…), lamentablemente con la anuencia y la vista gorda del Gobierno de Colombia, para asesinar al presidente Nicolás Maduro”, afirmó el jefe de Estado venezolano.

Según Santos, con esas afirmaciones “absurdas” Maduro señala “que estamos nosotros cohonestando con una especie de complot paramilitar para asesinarle”.

El presidente Santos también desvirtuó las acusaciones venezolanas de que los colombianos son “los culpables de sus problemas internos”, entre ellos el contrabando y la escasez de productos básicos, que aseguró viene “‘in crescendo’ desde hace ya mucho tiempo”.

Descartó también que la disparada del dólar “negro” en ese país, donde rige un control cambiario desde 2003, sea promovida desde las casas de cambio de Cúcuta, como aducen autoridades de ese país.

“El mundo entero sabe perfectamente que la escasez de los productos en Venezuela se debe a una política económica que fracasó, fracasó estrepitosamente, nada tiene que ver Colombia ni los colombianos con esa situación”, agregó el mandatario.

En opinión de Santos, los alegatos venezolanos sobre ataques a su moneda “tampoco tienen ni pies ni cabeza” y rechazó “con toda vehemencia” que se trate de responsabilizar a Colombia de los males venezolanos.

“Esas acusaciones no tienen ningún fundamento”, agregó el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien presentó un panorama de los problemas de la economía venezolana, de los flujos de comercio bilateral y del funcionamiento del mercado cambiario de ese país.

INFOLATAM/EFE

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, rendirá este martes su tercer informe de Gobierno, en el que se espera detalle las acciones para instrumentar las reformas aprobadas durante su gestión, tras un año marcado por la fuga de “El Chapo” Guzmán y la desaparición de 43 estudiantes.

En los días previos al informe han sido difundidos varios vídeos promocionales en los que Peña Nieto reconoce que las reformas estructurales impulsadas desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2012, no han dado los frutos esperados.

“Hay tres frenos que lo impiden: la corrupción, la desigualdad y una situación económica mundial complicada que se refleja en una caída del precio del petróleo. Qué vamos a hacer: enfrentar esos retos para acelerar el efecto transformador de las reformas y que sus beneficios lleguen a ti”, dice el mandatario en un “spot”.

El tercero de los seis informes que Peña Nieto presentará durante todo su mandato (2012-2018) se da en un contexto de marcada desaceleración económica, por la que el Banco de México rebajó el pasado 12 de agosto su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a un intervalo de entre 1,7 y 2,5 % para 2015.

Este cálculo supone una rebaja frente a las estimaciones previas, cuando la institución vaticinaba que México crecería entre 2 y 3 %. Los nuevos datos se desmarcan también de las estimaciones del propio Gobierno, que se mantienen entre 2,2 y 3,2 %.

En 2014, la economía mexicana creció 2,1 %, muy lejos de la estimación inicial del Gobierno, que era de 3,9 %.

El banco central atribuyó el recorte al débil desempeño de la actividad industrial, al crecimiento moderado de la demanda interna, a un entorno económico volátil y al anuncio de la normalización monetaria estadounidense.

Asimismo, el tercer informe llega en un momento en que sólo 44 % de los mexicanos aprueba la gestión de su presidente, lo que representa un descenso de siete puntos respecto a 2014, de acuerdo con un sondeo del centro de estudios Pew publicado el pasado 27 de agosto en Washington (EE.UU.).

La encuesta, efectuada en abril, revela un creciente escepticismo sobre la labor del mandatario en temas clave de su agenda, como el combate al crimen organizado. En este campo, sólo 35 % de los mexicanos avala su gestión, un descenso de 18 puntos respecto a 2014.

En el tema específico de la lucha contra el narcotráfico, apenas 39 % de los mexicanos considera que Peña Nieto está logrando mermar el poder de los capos, lo que implica un nuevo descenso respecto al 45 % de 2014.

Ese dato incluso puede haber bajado aun más en las últimas semanas, ya que el sondeo fue realizado antes de que “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, se fugara el pasado 11 de julio de una cárcel de máxima seguridad a través de un túnel subterráneo de 1,5 kilómetros de longitud.

Un sondeo publicado por el diario Reforma a fines de julio muestra un deterioro incluso mayor del respaldo al gobernante, con un nivel de 34 %, mientras que el índice de desaprobación subió a 64 %.

Sin embargo, el tema que ha marcado más los últimos 12 meses del Gobierno de Peña Nieto ha sido la desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, atribuida por el Gobierno federal a autoridades locales corruptas y miembros del crimen organizado.

La versión oficial de los hechos no es aceptada por los familiares de las víctimas, que han encabezado multitudinarias manifestaciones en el país para exigir justicia y que se investigue el supuesto papel de las fuerzas federales en la tragedia.

Apremiado por sus decrecientes niveles de aprobación, el presidente efectuó la semana pasada una remodelación de su gabinete en la que sobresale un rostro femenino al frente de la política exterior y el relevo de una pieza clave en materia de seguridad.

Entre los movimientos destaca la llegada de la hasta hoy secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, a la cancillería, una posición clave para un presidente que quiere proyectar la imagen de un México en transformación.

Sobresale también el nombramiento del actual “zar” antisecuestro Renato Sales al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, en sustitución de Monte Alejandro Rubido.

INFOLATAM/EFE