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Guatemala: Pérez Molina defiende su inocencia y denuncia una intervención extranjera |
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Martes, 25 de Agosto de 2015 11:57 |
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El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción de manera oficial desde el pasado viernes, ha defendido su inocencia y ha denunciado una “estrategia intervencionista” de determinados sectores como el extranjero.
“Si a ciertos sectores de la comunidad internacional y a algunos grupos del poder del país no les parecen adecuados los candidatos a dirigir Guatemala, primero deberán de hacer a un lado sus intereses particulares y por fin ver con el interés del pueblo y de la nación guatemalteca”, sostuvo el mandatario.
Manifestó que esta situación “no es aceptable” porque el objetivo de dicha estrategia es “dictarnos qué o no hacer y quebrantar la democracia” incipiente que tiene la nación centroamericana.
En un mensaje de apenas cinco minutos divulgado por medios nacionales, el mandatario guatemalteco ha hablado así por primera vez desde que se oficializará su acusación el pasado viernes, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaron de ser uno de los líderes de “La Línea”.
Dichas acusaciones, argumentó, son “graves” y tiene como fin establecer su vinculación contra la trama de corrupción, pero Pérez Molina dijo rechazar “categóricamente” su participación, así como haber recibido dinero alguno de esa “operación de defraudación aduanera”.
“Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo”, sostuvo el mandatario, y agregó que dará “la cara” y que demostrará “que no he sido parte, y mucho menos, receptor de esos fondos mal habidos en prejuicio del pueblo de Guatemala”.
Aunque dijo que entendía “la lógica” de los Fiscales, lo que existe en esta estructura criminal son más actores implicados, avanzó.
“No hay una línea, son dos, y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga. Sin duda, enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud”, proclamó enérgico en acusación a la patronal guatemalteca.
No obstante, con el mismo carácter con el que negó su participación, el presidente dijo sentir la necesidad de “pedir perdón” porque estos hechos habían sucedido dentro de su Gobierno y por funcionarios “cercanos” o a los que él mismo designó.
Pérez Molina aseguró que el fin superior es “resguardar la institucionalidad” y que la indignación ciudadana se focaliza en que el erario público se ha visto como un “botín” del que se aprovechan funcionarios y autoridades “sin escrúpulos”.
“Independientemente de la coyuntura política, en nuestro país, lo importante es que no se rompa la tradición democrática de nuestro pueblo”, enfatizó.
En este mismo sentido, hizo un llamamiento ciudadano para que acudan a las urnas el próximo 6 de septiembre, ya que la vía del voto “consciente y responsable de todos” es la única forma de elegir a los dirigentes.
“Compatriotas, hago un llamado a que se manifieste en toda su fuerza esa Guatemala profunda, las organizaciones sociales, esa Guatemala plural que ha estado en el centro de mi atención (…), los insto hoy como nunca a defender nuestra incipiente democracia, a ver con optimismo el futuro y hacer las transformaciones profundas”.
Esos cambios, zanjó, abrirán el camino hacia una Guatemala “más segura, más justa, más transparente, más participativa y más próspera”.
“En esa perspectiva y con ese fin superior, les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan”, zanjó Pérez Molina.
INFOLATAM/EFE |
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Beltrones es elegido presidente del PRI en México tras ser único candidato |
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Escrito por Indicado en la materia
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Miércoles, 19 de Agosto de 2015 11:54 |
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El político Manlio Fabio Beltrones resultó hoy elegido como el nuevo dirigente del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la mano de Carolina Monroy en calidad de secretaria general, tras ser el único candidato propuesto.
La Comisión Nacional de Procesos internos del PRI emitió esta tarde su dictamen de registro en el que declara electos a Beltrones-Monroy, ya que fueron los únicos que presentaron su solicitud satisfactoriamente.
“Hemos venido a cumplir con las formas y en el tiempo justo para entregar los documentos que cubren todos los requisitos que la convocatoria señala para poder participar en carácter de secretaria general y presidente del Comité Ejecutivo Nacional”, dijo Beltrones durante la inscripción de su candidatura esta mañana.
La de Beltrones y Monroy, pariente de Peña Nieto y diputada electa, es la única fórmula que se presentó en el proceso de renovación del liderazgo del partido, actualmente en manos de César Camacho, por lo que el próximo jueves ambos asumirán sus cargos.
El exgobernador del estado noroccidental de Sonora y también expresidente del Senado apostó por llevar las reformas impulsadas por el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, “hasta sus últimas consecuencias”.
En entrevistas concedidas a los medios de comunicación locales en los últimos días, Beltrones ha dicho que mantendrá una gran cercanía con Peña Nieto, al que consultará para lo que sea necesario.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México concedió el 14 de agosto pasado licencia al diputado Beltrones para que pudiera buscar la presidencia del PRI.
INFOLATAM/EFE |
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Colombia (1) : ¿Hacia una crisis de seguridad? |
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Lunes, 17 de Agosto de 2015 11:46 |
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Durante los pasados años, Colombia experimentó una radical mejora de la situación de orden público que creó las condiciones para que el país diese un salto decisivo en términos de crecimiento económico y progreso social. Solamente para mencionar algunos indicadores, la tasa de homicidios cayó de 65,9 casos por cada 100.000 habitantes en 2002 a 27,8 en 2014. Entretanto, en el mismo periodo, el Producto Interior Bruto daba un salto espectacular desde los 97.933 millones de dólares hasta los 377.740 y el porcentaje de pobreza sobre el total de la población caía del 49,7% al 28,5%. Sin embargo, los motores que hicieron posible la mejora radical de la seguridad parecen estar perdiendo fuerza y, a menos que se corrija el rumbo, el país podría en frentar una crisis capaz de poner en riesgo lo logrado en términos de estabilidad y prosperidad.
Por Román Ortiz
(Especial Infolatam).-Para entender las amenazas que descansan en el futuro, resulta clave identificar los factores que condujeron a lo que se ha denominado el “milagro colombiano”, la recuperación de un Estado que muchos consideraban al borde del colapso a finales de la década de los 90. En este sentido, la capacidad del país para remontar la crisis fue fruto de tres factores: el incremento de los recursos económicos en manos del gobierno, la construcción de un amplio consenso sobre la legitimidad del Estado y el desarrollo de un aparato de seguridad efectivo. Cada uno de estos pilares, que jugó un papel esencial para revertir la ola de violencia que anegó el país quince años atrás, presenta hoy profundas grietas que anuncian riesgo de derrumbe.
La crisis del modelo económico
Por lo que se refiere a la dimensión económica, no es casual que la recuperación del Estado colombiano coincidiese con la bonanza petrolera de la década de 2000. El barril alcanzó un mínimo de 16,25 dólares en diciembre de 1998 para luego iniciar una escalada que permitió al presidente Álvaro Uribe iniciar su primer mandato con un precio de 37,09 en agosto de 2002 e inaugurar el segundo cuatro años más tarde con 84,59. El ascenso del crudo seguiría durante el primer periodo de Juan Manuel Santos que llegó al gobierno con el barril en 83,12 dólares y pudo ver como se situaba en los 99,45 al cierre del año 2013. Como consecuencia, el peso del petróleo se incrementó sustancialmente sobre el conjunto de las exportaciones, pasando de representar el 27,34% en 2002 al 55,22% en 2013 (Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE y elaboración propia).
La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol)
El crecimiento de los precios del petróleo vino acompañado de un incremento igualmente abrupto de los ingresos de Colombia por exportaciones de crudo. En 2002, el gobierno central ingresó 2,5 billones de pesos procedentes de la explotación del crudo (el 9% del total de sus gastos) para luego pasar a 5,8 billones (11%) en 2006, subir hasta 9,2 (14%) en 2010 y alcanzar los 22,7 en 2013 (22%) (Fuente: Asociación Colombiana de Petróleos). El gasto estatal creció de forma paralela, creciendo de 74,2 billones de pesos en 2002, a 92,6 en 2006, 120,5 en 2010 y finalmente alcanzar los 160,7 en 2014 (Fuente: Ministerio de Hacienda). En otras palabras, los dólares del petróleo jugaron un papel clave en financiar el fortalecimiento del Estado y, en particular, la Política de Seguridad Democrática implementada por el presidente Alvaro Uribe.
El problema es que la espiral al alza de los precios petroleros terminó a finales de 2014. A partir de ese momento, los precios se han mantenido en torno a los 50 dólares. Un nivel que muchos analistas pronostican que se mantendrá durante varios años como consecuencia de la expansión de la producción de los crudos no convencionales, las tecnologías para hacer más eficiente el uso de combustibles y la desaceleración de la economía china. En este contexto de precios bajos, las cosas se complican más para Colombia debido a que sus reservas de crudo están descendiendo rápidamente. De hecho, el volumen de los depósitos identificados en territorio colombiano cayó un 5,6% en 2014 hasta un total de 2.308 millones de barriles, una cifra que permitiría mantener la autosuficiencia energética del país por tan solo 6,4 años, pasados los cuales habría que comenzar a importar crudo.
El significado estratégico de estas cifras es claro: el modelo económico que hizo posible el fortalecimiento del estado colombiano y la recuperación del orden público ha dejado de ser viable. Ciertamente, existen alternativas para generar los recursos que permitirían a Colombia continuar por la senda de la seguridad y la prosperidad; pero todas las opciones implican decisiones difíciles. Para empezar, se podría extender la exploración petrolera a zonas del suroriente del país que han estado vedadas en base a argumentos medioambientales. Sin embargo, esta posibilidad obligaría a la clase política a abandonar la retórica medioambientalista y enfrentarse al movimiento ecologista. Por su parte, la expansión de la minería requeriría simplificar la legislación medioambiental, plagada de trámites engorrosos e inciertos. Pero además, necesitaría que el gobierno nacional enfrentase las alianzas de poderes locales corruptos y ecologistas extremos que mantienen bloqueados algunos de los proyectos más prometedores del país.
La otra ruta de recuperación es el desarrollo una agricultura de exportación; pero, de nuevo, las posibilidades económicas chocan con problemas políticos. La política de restitución de tierras destinada a devolver a sus tierras a aquellos propietarios expoliados por los grupos armados ha incrementado sustancialmente la inseguridad jurídica en el campo en la medida en que prácticamente cualquiera pueda plantear que las tierras en manos de una compañía fueron obtenidas de forma mal habida y abrir un proceso judicial de duración indeterminada y resultados incierto. Por si esto no fuera suficiente, el hecho de que las FARC hayan asumido como su bandera principal en las negociaciones en La Habana la demanda de una reforma agraria radical ha incrementado aún más el miedo entre los inversores interesados en desarrollar la agroindustria.
Por lo que respecta a la posibilidad de relanzar la producción industrial, cualquier esfuerzo en este sentido debe superar tres obstáculos claves. Por un lado, la pobreza de la infraestructura nacional que convierte a Colombia en un destino poco atractivo para los grandes inversores. Por otro, el incremento de la competencia internacional de productos de media tecnología, particularmente, como resultado de la expansión de las exportaciones chinas. Finalmente, el hundimiento más allá de toda posibilidad de recuperación del mercado venezolano que tradicionalmente había sido un destino prioritario de los productos industriales colombianos. Mientras no se encuentren salidas a estos tres obstáculos, el salto delante de la industria no dejará de ser una fantasía.
La brecha en la legitimidad del sistema político
El segundo pilar de la estabilidad colombiana que amenaza derrumbe es el consenso político sobre la legitimidad del Estado. La salud de las instituciones democráticas siempre ha sido un asunto controvertido en el contexto de grandes casos de corrupción política como la infiltración de las estructuras paramilitares en el Congreso que se llegó a conocer como “parapolítica” y episodios de graves violaciones de los derechos humanos como la ejecuciones extrajudiciales bautizadas como “falsos positivos”. Sin embargo, durante los últimos años, dos factores han contribuido de manera decisiva a debilitar aún más la confianza de los ciudadanos en su sistema político: el modo en que se ha desarrollado el proceso de negociación con las FARC y el crecimiento de la corrupción.
 A primera vista, puede parecer insólito que unas conversaciones destinadas a integrar a un grupo armado ilegal en el sistema democrático hayan terminado por desacreditar la institucionalidad que pretendían fortalecer. La explicación de esta aparente paradoja descansa en la estrategia del gobierno para impulsar la negociación con las FARC. De hecho, un sector del ejecutivo y los partidos que le apoyan diseñaron su acercamiento a la guerrilla partiendo de la creencia de que reconocer públicamente la supuesta falta de legitimidad del Estado haría más sencillo lograr un acuerdo de paz. El resultado fue el debilitamiento de los pilares del orden político colombiano
El primer paso en esta dirección fue la aprobación en junio de 2012 de una reforma constitucional que pasaría a ser conocida como el “Marco Jurídico para la Paz”. Dicha norma, planteada como una herramienta para establecer mecanismos de justicia transicional para la guerrilla, tuvo dos efectos indeseados. Por un lado, incorporó a los cimientos del sistema político la concepción de que el país estaba inmerso en un conflicto interno lo que equivalía a reconocer que sus arreglos institucionales no eran completamente legítimos. Por otra parte, abrió una brecha en el consenso de la clase política sobre el respeto a las reglas establecidas en la Constitución de 1991 y la forma de gestionar la amenaza de la guerrilla, tanto en lo relativo a la estrategia militar como a los diálogos de paz.
Esta fractura se ha ido agrandando en virtud de varios factores. La dinámica de la negociación –alimentada por el afán del gobierno de lograr un acuerdo y la intención de las FARC de desestabilizar el orden político – ha erosionado cada vez más los consensos más básicos de la clase política. Primero fue el cuestionamiento de los derechos de propiedad en el campo, luego la posibilidad de que la guerrilla disfrutase de condiciones especiales para obtener asientos en el Congreso y finalmente las propuestas para convocar una asamblea constituyente que contaron con el respaldo de figuras cercanas al ejecutivo. En este contexto, los daños a la legitimidad del sistema político se han acentuado debido a que las cabezas de instituciones claves se han unido a la refriega, extendiendo al corazón del Estado la división entre partidarios y opositores del actual modelo de negociación con la guerrilla.
Entretanto, la corrupción ha crecido sustancialmente. Esta tendencia ha sido fruto de dos factores. Por un lado, la mencionada expansión del gasto público que no fue acompañada por una estrategia efectiva para prevenir la desviación de fondos y sí por un desbordamiento de la burocracia que creo oportunidades para el intercambio de favores. Por otra parte, la creciente debilidad del gobierno que incrementó su dependencia del apoyo de camarillas políticas regionales y redujo su capacidad para impulsar una agenda anticorrupción efectiva. En este contexto, los escándalos se han extendido desde ciertas empresas prestadoras de servicios de salud, pasando por algunos contratos de infraestructura, hasta alcanzar pilares centrales del orden político como la Corte Constitucional. El resultado ha sido la agudización de la crisis de legitimidad.
INFOLATAM |
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Colombia (y 2) : El debilitamiento del aparato de seguridad |
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Escrito por Indicado en la materia
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Jueves, 20 de Agosto de 2015 11:39 |
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Con la economía a la baja y la legitimidad de las instituciones profundamente cuestionada, el deterioro del aparato de seguridad se vislumbra como el tercer ingrediente de un escenario que amenaza con desembocar en una crisis de orden público. En parte, el debilitamiento de las Fuerzas Militares y Policía Nacional es consecuencia directa de los graves problemas económicos y políticos que asedian al Estado. Así, el declive económico promete tener un impacto dramático sobre el presupuesto de defensa. La cuestión no es únicamente las crecientes restricciones en el volumen de recursos disponible sino además como se repartirán los recortes que se avecinan.
La legislación vigente hace prácticamente imposible reducir los gastos de personal – en torno al 70% del total del presupuesto de defensa – dado que el gobierno no puede “despedir” a los miembros profesionales de la Fuerza Pública. En consecuencia, la disminución del gasto tendrá que centrarse sobre los rubros de operaciones – municiones, combustible, etc. – e inversión. El resultado podría ser un aparato de defensa que aparentemente mantiene su tamaño; pero enfrenta una rápida caída en su operatividad.
La legislación vigente hace prácticamente imposible reducir los gastos de personal – en torno al 70% del total del presupuesto de defensa – dado que el gobierno no puede “despedir” a los miembros profesionales de la Fuerza Pública.
De igual forma, la crisis de la justicia ha obstaculizado seriamente los esfuerzos del Estado para garantizar la seguridad. Aunque las deficiencias de leyes y jueces no son nuevas, sus consecuencias estratégicas se han agravado a medida que el gobierno ha puesto énfasis en la captura y la judicialización de terroristas y criminales como único medio para desmantelar unos grupos armados que eluden el combate abierto con la Fuerza Pública y operan de forma clandestina. Sin embargo, esta apuesta por otorgar al aparato judicial un papel central en la lucha contra los violentos ha chocado con la debilidad de las normas penales, la complejidad laberíntica de los procedimientos penales y la corrupción existente entre los funcionarios de la Justicia.
En este contexto, una serie de factores se han combinado para restringir el margen de maniobra de las Fuerzas Militares y de Policía. Para empezar, las posiciones asumidas por distintas instancias del poder judicial han ignorado la realidad del conflicto armado y creado restricciones inverosímiles a las operaciones. En este sentido, el Consejo de Estado merece una mención especial. Durante los pasados años, ha condenado al Estado en calidad de responsable de eventos tales como la toma de la base de Las Delicias por las FARC en 1996 o los daños a viviendas civiles provocados durante los ataques guerrilleros a estaciones de policía situadas en comunidades rurales. De este modo, los magistrados de la República se han convertido en árbitros de la mayor o menor solidez del dispositivo defensivo de las bases militares o el lugar donde se deben situar los destacamentos de policía.
La retórica desplegada por el gobierno para justificar las negociaciones con las FARC también ha alimentado el clima político que estimula la inacción de la Fuerza Pública. El argumento repetido por distintos portavoces gubernamentales de que resulta imposible derrotar a la guerrilla por medios militares ha hecho muy poco por motivar a militares y policías. De igual forma, el acento pacifista de los mensajes oficiales y la comprensión manifestada por el ejecutivo hacia la agenda política de las FARC – el presidente Santos señaló que las FARC y el gobierno querían lo mismo para el campo – ha contribuido a sembrar la duda sobre la legitimidad de combatir a los ilegales.
Para entender el impacto de decisiones judiciales y declaraciones gubernamentales, resulta clave tomar en cuenta que la campaña de seguridad colombiana descansa mucho en el empleo de recursos humanos y poco en la utilización de tecnología. Si bien el Ejército tiene nichos de excelencia como la aviación militar o las fuerzas militares, la mayoría de sus unidades solo cuentan con equipos “low-tech”. De hecho, muchas de sus operaciones se basan en el despliegue de unidades de infantería ligera con un respaldo limitado de medios técnicos. Esto significa que el “factor humano” es clave. Todo depende de si el soldado siente suficiente respaldo político y certidumbre jurídica. Sin ellas, la voluntad para tomar la iniciativa y la efectividad militar declinan.
La sumatoria de los factores mencionados amenaza con deteriorar rápidamente el aparato de seguridad. El clima creado por declaraciones políticas ambiguas y decisiones judiciales extravagantes está creando un escenario donde la moral de la Fuerza Pública se hace cada vez más frágil lo que provoca un declive de su actividad operativa. Entretanto, las dificultades económicas prometen incrementar las presiones para reducir el presupuesto de defensa. Esta tendencia se hará más difícil de contener en la medida en que el discurso con que se ha arropado las negociaciones con las FARC cuestiona la legitimidad y la utilidad del uso de la fuerza por parte del Estado
Las consecuencias no intencionadas de un acuerdo con las FARC
Para entender esta aparente contradicción es necesario revisar tanto la fórmula concreta del acuerdo que se perfila en La Habana como las probables consecuencias estratégicas de su implementación.
El escenario de crisis descrito hasta aquí podría agravarse si las actuales negociaciones con las FARC conducen a un acuerdo con introduzca restricciones en la capacidad del gobierno para controlar el territorio y debilite la estructura del aparato de defensa del país. Sin duda, esta perspectiva puede sonar paradójica para quienes esperan que las negociaciones con la guerrilla conduzcan a una rápida reducción de la violencia. Para entender esta aparente contradicción es necesario revisar tanto la fórmula concreta del acuerdo que se perfila en La Habana como las probables consecuencias estratégicas de su implementación.
El primer punto a considerar es lo que se ha llamado la “dimensión territorial de la paz”. Bajo este concepto, se ha planteado que la mayor parte del contenido de los acuerdos se aplicará en aquellas áreas del país donde el conflicto ha sido más agudo y la presencia de las instituciones es más frágil. Dentro de estas regiones, la creación de una serie de estructuras territoriales fruto del acuerdo de paz podría terminar por debilitar la ya escasa influencia del Estado. Este el caso con la creación de las denominadas “zonas de concentración”, áreas desmilitarizadas en las que se reunirán los efectivos de la guerrilla durante el cese el fuego que está previsto alcanzar antes del final de las negociaciones. En principio, se espera que dichos espacios tengan un carácter transitorio mientras se culminan las conversaciones y se produce la desmovilización definitiva. Sin embargo, si el logro de un acuerdo se dilata y dicho orden de cosas se prolonga, las “zonas de concentración” podrían consolidarse como espacios bajo el control de la guerrilla.
Esta tendencia a la fragmentación territorial podría acentuarse con la implementación de las denominadas “Zonas de Reserva Campesina”, unos esquemas de desarrollo rural contemplados en la legislación colombiana desde 1994; pero que los acuerdos parciales alcanzados con las FARC permitirían extender sustancialmente. De acuerdo con este modelo, los sindicatos de productores rurales no sólo se responsabilizarán de regular las actividades agropecuarias en dichas áreas sino que además asumirán competencias medioambientales lo que les permitirá decidir, por ejemplo, si se ponen en marcha proyectos minero-energéticos.
Paralelamente, los mecanismos para la sustitución de cultivos de coca ya acordados en La Habana prevén la puesta en práctica de Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDAs) que serán financiados por el gobierno y administrados por municipios y comunidades. Dado que la entrega de estos fondos formará parte de los compromisos adquiridos en las negociaciones con las FARC, la guerrilla tendrá una influencia decisiva en la asignación de los recursos y el gobierno estará obligado a entregarlos so pena de vulnerar los acuerdos. De este modo, comunidades bajo la influencia de las FARC y conectadas a la economía de la droga se verán beneficiadas por un esquema para promover la erradicación voluntaria cuya efectividad es muy dudosa; pero que les garantiza una considerable autonomía financiera.
Todas estructuras territoriales tenderán a superponerse sobre las mismas regiones. En otras palabras, las “zonas de concentración” de la guerrilla, las Zonas de Reserva Campesina y las áreas de sustitución voluntaria de cultivos se solaparán o, al menos, serán contiguas. Esto creara dificultades adicionales para afirmar la presencia del Estado en regiones donde el control territorial del gobierno ha sido tradicionalmente muy difícil. Evidentemente, el riesgo será el surgimiento de espacios no gobernados susceptibles de ser capturadas por redes criminales y albergar extensas economías ilícitas.
¿Un aparato de seguridad desarticulado?
Al mismo tiempo, la firma de un acuerdo con las FARC puede desencadenar una dinámica política que termine por desarticular y fragmentar el aparato de seguridad colombiano. En principio, el futuro de la Fuerza Pública ha sido una cuestión que ha permanecido por fuera de las conversaciones de La Habana. Sin embargo, desde la clase política, se han multiplicado las voces que demandan acompañar la firma de un eventual compromiso de paz con una reforma radical del modelo de seguridad que tendría como piedra angular la creación de un Ministerio de Seguridad Publica a donde seria transferida la Policía Nacional desde su actual dependencia bajo el departamento de Defensa.
La capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos se verá reducida por el previsible deterioro del aparato de seguridad.
Sin embargo, la separación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en dos Ministerios distintos rompería uno de los pilares de la estrategia que permitió recuperar el orden público durante la década de 2000. El mantenimiento de ambas instituciones bajo un único departamento proporcionó dos ventajas claves. Por un lado, permitió una división de tareas más clara entre policías y militares lo que redujo las duplicación de esfuerzos. Por otro, mejoró la coordinación entre ambas instituciones, incrementando la efectividad de las operaciones e incentivando el desarrollo de capacidades comunes en ámbitos como la logística y el mantenimiento.
Frente a esta trayectoria, la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y su colocación bajo un departamento de nueva creación amenazan con hacer naufragar los esfuerzos realizados para mejorar la cooperación entre policías y militares. De hecho, este nuevo arreglo institucional haría más difícil la ejecución de operaciones coordinadas entre ambas instituciones. De igual forma, la dependencia de dos ministerios distintos estimularía la duplicación de esfuerzos entre las Fuerzas Militares y la Policía, justo cuando las dificultades económicas demandan una mejora radical de la eficiencia.
Todos los factores señalados anuncian una tormenta perfecta sobre Colombia. La crisis económica promete reducir los recursos en manos del gobierno y estimular la conflictividad social. La pérdida de legitimidad de las instituciones amenaza con convertirlas en un campo de batalla entre los distintos grupos políticos del país, hundirlas en la parálisis y hacerlas más vulnerables a los ataques de los radicales. Finalmente, la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos se verá reducida por el previsible deterioro del aparato de seguridad.
En este contexto, algunos aspectos concretos del acuerdo que negocian el gobierno y las FARC en La Habana podrían agravar la espiral de inestabilidad que amenaza al país. Por un lado, las formulas territoriales diseñadas como parte de los compromisos de paz podrían conducir a la aparición de zonas por fuera del control estatal que se convertirían en espacios no gobernados. Por otra parte, la pretensión de transferir la Policía fuera del Ministerio de Defensa como parte de un supuesto esfuerzo para adaptar el modelo de seguridad al postconflicto alimentara el despilfarro de recursos y reducirá la capacidad del Estado para impulsar una estrategia de orden público efectiva.
¿Rectificación del rumbo o crisis?
El resultado de todos estos factores sería una disminución de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, particularmente en las zonas rurales. Este debilitamiento vendría acompañado de una expansión de las economías ilegales –narcotráfico, minería ilegal, contrabando, etc. – y de los grupos armados asociados a su explotación. Dichas organizaciones podrían ser las guerrillas tradicionales si el actual proceso de paz fracasa, facciones disidentes de las FARC y el ELN que rechacen una eventual acuerdo o Bandas Criminales movidas por el afán de lucro.
En cualquier caso, las nuevas estructuras violentas contarían con los recursos humanos y financieros para desafiar a un Estado empobrecido, ineficiente y deslegitimado. Las cosas serán aún más difíciles si el resultado del proceso de paz es la aparición de enclaves territoriales en manos de la guerrilla que terminan convertidos en conglomerados de economías ilícitas o incubadoras de grupos radicales que operan en el resto de país. De este modo, el Estado colombiano enfrentaría la mayor crisis de seguridad desde que, a finales de los 90, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes llevaron las instituciones democráticas al borde del colapso.
Este desenlace no es inevitable. El gobierno puede todavía enderezar el rumbo y evitar la crisis. Para ello, tendría que colocar a la cabeza de su agenda el relanzamiento de aquellos sectores de la economía que tienen el potencial para sacar al país del estancamiento en el corto plazo: la gran minería y la agricultura de exportación. Además, debería desoír las voces que apuestan por desmantelar el aparato de defensa y apostar por mantener una política de seguridad robusta. Finalmente, debería buscar un consenso con la oposición sobre dos materias básicas.
Por un lado, definir unas reglas para el juego que garanticen el derecho a la crítica sin el riesgo de ser criminalizado y prevengan el desgarramiento de las instituciones. Por otra parte, concertar unos criterios mínimos a los que se deberían ajustar los acuerdos de La Habana. Bajo estas circunstancias, el gobierno estaría en condiciones de negociar desde una posición de fuerza con la guerrilla y conseguir un acuerdo que garantizase una transición segura hacia la paz o mantener la presión sobre la guerrilla hasta volverla estratégicamente irrelevante. De lo contrario, Colombia parece condenada enfrentar un repunte de la inestabilidad y la violencia.
INFOLATAM
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Mexico: Intelectuales de todo el mundo piden a Peña frenar violencia contra la prensa |
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Martes, 18 de Agosto de 2015 12:05 |
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Un bloque internacional de intelectuales, entre los que están el británico Salman Rushdie, el estadounidense Paul Auster, el mexicano Alfonso Cuarón y el nicaragüense Sergio Ramírez, pidió en una carta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, frenar la violencia contra la prensa en su país.
En la misiva, difundida en la página web de la edición estadounidense de la organización PEN Internacional, los aproximadamente cuatro centenares de firmantes se identifican como “periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo”.
“Con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México”, aseguran.
También suscriben el documento el semiólogo estadounidenses Noah Chomsky y sus compatriotas periodistas Christiane Amanpour, Jon Lee Anderson y Ariana Huffington, el argentino Martín Caparrós, el español Juan Cruz, el peruano Gustavo Gorriti y la canadiense Margaret Atwood.
En la carta se refieren explícitamente al asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa en Ciudad de México el pasado 31 de julio, un crimen que consideran “un parteaguas”, porque la capital mexicana “era considerada uno de los últimos lugares seguros (en México) para el ejercicio periodístico”.
“Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”, matizan.
Los firmantes recuerdan que “desde el año 2000 decenas de reporteros han sido víctimas de homicidio” en México y “se sabe de otros 20 que continúan desaparecidos”, mientras “la abrumadora mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad”.
Destacan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (CNDH) “apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos” en varios de esos crímenes.
Sobre el caso concreto de Espinosa, que fue asesinado junto a otras cuatro personas, recuerdan que tuvo que huir de Veracruz (Golfo de México), donde trabajaba, “tras recibir varias amenazas graves”, algo que padecen también otros colegas veracruzanos, que además “están convencidos de que éstas provienen de funcionarios del Gobierno del estado”.
La misiva señala directamente al gobernador de ese estado, Javier Duarte, porque -dicen los firmantes- desde que llegó al poder en 2010 “las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedente” allí, con catorce muertos y tres desaparecidos.
Además de que “en cada uno de los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas”, hasta la fecha “37 colegas de Rubén Espinosa” han tenido que huir a Ciudad de México “tras recibir amenazas”.
“Señor Presidente; no debe haber más asesinatos”, exhortan los intelectuales a Peña Nieto, además de pedirle que el crimen de Espinosa y las otras cuatro personas que fueron asesinadas con él sea investigado “con integridad” de manera que los culpables reciban “juicio justo y condena pronta”.
“En su país, señor Presidente, las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes”, agregan, al situar ese porcentaje en el 89 por ciento, según la CNDH.
Aunque “el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio” en la actualidad, “los reporteros mexicanos, en particular, viven en peligro mortal”, denuncian.
Por estas razones, instan a Peña Nieto a “garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo” de esos asesinatos y “la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados”.
También le demandan “la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el compromiso efectivo de su Gobierno para garantizar la libertad de expresión en México”.
INFOLATAM/EFE |
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