Las siete centrales mantuvieron un encuentro con el vicepresidente, a quien el mandatario, Horacio Cartes, encargó que iniciara una mesa de diálogo. El paro tuvo como principal punto la derogación de la Ley de la Alianza Público Privada

Las siete centrales sindicales de Paraguay se reunieron este jueves con el Gobierno, un día después de la huelga general que fue seguida en todo el país, para proponer la creación de una agenda para debatir la generación de empleo decente y otros asuntos, informó un líder de los trabajadores.

La propuesta fue realizada por los dirigentes de las centrales al vicepresidente paraguayo, Juan Afara, a quien el mandatario, Horacio Cartes, encargó el martes, víspera de la huelga del miércoles, que iniciara una mesa de diálogo con los sindicatos.

"Ha sido una toma de contacto en el que hemos pedido que se constituya una mesa temática en la que se trate de forma separada asuntos como la generación de empleo decente, la política salarial y de seguridad social", dijo a EFE Bernardo Rojas, presidente del Sindicato Central Unitario de Trabajadores-Auténtica (CUT-A).

Rojas añadió que Afara se comprometió a comunicar el resultado de la reunión a Cartes y que espera que en los próximos días los sindicatos tengan una respuesta de cara a comenzar un diálogo formal con el Gobierno.

"Una vez en marcha se establecería un calendario y los mecanismos de trabajo, pero habría que marcar un plazo que no puede superar los 90 días para mesas como la salarial", declaró Rojas.

El dirigente sindical añadió que si se aceptan esos términos los sindicatos pondrán sobre la mesa las reivindicaciones que les llevaron a convocar la huelga, que según ellos tuvo un seguimiento del 90 % en todo el territorio nacional.

La huelga tenía como principal punto la derogación de la Ley de la Alianza Público Privada (APP), una iniciativa de Cartes que los sindicatos creen que es una "privatización encubierta" de las empresas públicas.

En cambio, el Gobierno defiende que la ley, aprobada por el Congreso el año pasado, está diseñada para atraer capital privado para la inversión en infraestructuras.

A cambio se otorga a las empresas la concesión de su gestión y el cobro de tarifas.

Además de la anulación de la polémica ley, los grupos sindicales exigen la subida del salario mínimo, el control de los precios de la canasta básica y el descenso en los precios del transporte.

A la reunión de hoy, que se celebró en la sede de la Vicepresidencia, acudió por parte del Gobierno el titular de Trabajo, Guillermo Sosa, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y el ministro de Interior, Francisco de Vargas.

"Nuestra impresión (de la reunión) es buena. Afara habló de forma directa y vimos buena voluntad (...) Nuestra intención es colaborar en la construcción de la democracia y de un desarrollo social que incluye a todos los paraguayos", señaló Rojas.

Según el sindicalista, la reunión es fruto de la convocatoria de huelga y significa que el Gobierno reconoce la legitimidad de los sindicatos y de sus reivindicaciones.

EFE

El Gobierno mexicano presentó al Senado su propuesta de leyes que reglamentan la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y que incluye, entre otros puntos, el fin del cobro de larga distancia a nivel nacional.

“La ley secundaria marca tres años como plazo para que ya no haya larga distancia”, dijo en declaraciones radiales el secretario de Comunicaciones y Transporte de México, Gerardo Ruiz Esparza.

El alto funcionario dijo que las nuevas reglas permitirán una mayor competencia en el sector, que podrán verse a más tardar en un año. “Hay mucha gente que quiere invertir en el sector (…). Estaban esperando una ley secundaria”, insistió.

La reforma de las telecomunicaciones aprobada el año pasado busca limitar el poder de los operadores preponderantes en el mercado.

La iniciativa legal presentada en el Senado incluye modificaciones a normas como la Ley de Inversión Extranjera y el Código Penal Federal. Además contempla multas o la revocación de las concesiones a empresas que sean encontradas en falta.

El Senado cuenta ahora con 45 días para analizar la propuesta del Gobierno. En principio, los dos principales partidos de la oposición afirmaron que lo presentado hoy no refleja el contenido de la reforma aprobada por el Parlamento.

El rechazo fue expresado en un comunicado conjunto por el conservador Partido Acción Nacional y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“El PAN y PRD consideran inadmisible que en estos proyectos de leyes se desconozcan avances alcanzados y expresados en la Constitución”, dice la declaración.

Entre los puntos que anotan figura el hecho de que las funciones del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones “pretenden ser reducidas o alojadas nuevamente en el Ejecutivo”.

Fuente: INFOLATAM/EFE

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió que dadas las “profundas divisiones” en Venezuela lo único que puede hacer la organización es fomentar el diálogo y subrayó que la institución “no está para poner ni para sacar gobiernos”.

Tras una larga sesión del Consejo Permanente en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se impidió intervenir por más de un minuto a la diputada opositora venezolana María Corina Machado, invitada por Panamá, Insulza subrayó las limitaciones del organismo para actuar en Venezuela dadas las divisiones entre países.

“Espero que todos entiendan que la OEA no puede hacer el trabajo que tiene que hacer la gente en su país, no está ni para poner ni para sacar gobiernos, por lo que lo que tiene que hacer es buscar espacios donde los países puedan dialogar”, dijo Insulza al término de la sesión.

“Las divisiones persisten al interior del hemisferio respecto a este tema, y eso hace muy difícil cualquier acción. La OEA puede ser eficiente si todos los países miembros o la gran mayoría están de acuerdo en una determinada línea de conducta”, indicó.

Pero, agregó Insulza, “si existen las discusiones que existen hoy día, ni la OEA ni la Celac, ni la Unasur, ni ningún organismo pueden ser eficaces porque son organizaciones de Estados, no son supranacionales”.

De acuerdo con el titular de la organización hemisférica, “lo único que puede unificar la acción (de la OEA) es un llamado efectivo al diálogo”, algo que “es muy difícil, pero no existe otro camino”.

“No vamos a intervenir en Venezuela (…), porque los países miembros no quieren que se intervenga en Venezuela. Y si los países miembros no quieren, no hay ninguna forma en la que la OEA pueda hacerlo. Yo me opondría, pero no voy a hacerlo cuando la gran mayoría de los países no quieren esa intervención”, zanjó.

Preguntado por si hubiera preferido que Machado hubiera podido dar un discurso ante el Consejo Permanente, Insulza reconoció que “esta costumbre de los países de prestarle su silla a otros para que digan lo que les parezca nunca me ha gustado”.

Sin embargo, indicó que si “se había permitido siempre antes” que otros actores hablaran desde los asientos de los embajadores, “no sé por qué no se podía permitir ahora”.

“No es que yo crea que es bueno, que debería simplemente hacerse una mesa de cuádruple tamaño para que hablara el que le dé la gana sobre lo que quisiera”, matizó.

“Esta famosa frase de que en la OEA están representados los Gobiernos y no los pueblos, a mí con democracia me parece una frase incorrecta, porque la única forma razonable en que los pueblos pueden manifestarse en democracia es a través de sus gobiernos”, insistió.

Fuente INFOLATAM/EFE