El Gobierno de Colombia y las FARC iniciaron el lunes una nueva ronda en el diálogo de paz, manteniendo posturas intransigentes que auguran un lento avance en el tema de la participación de la guerrilla en política, el segundo dentro de la agenda dirigida a acabar con medio siglo de conflicto armado.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) insistieron en que se aplacen en uno a dos años las elecciones presidenciales y que haya una Asamblea Constituyente, peticiones que volvió a rechazar categóricamente el Gobierno de Juan Manuel Santos.

“Abrimos este nuevo ciclo de conversaciones, reiterando al país nuestra propuesta de aplazamiento del calendario electoral y de la necesidad de una Constituyente para la paz”, dijeron las FARC antes de comenzar las discusiones que celebran en Cuba.

En un comunicado, defendieron la Asamblea Constituyente como un espacio para dirimir disensos, hacer cambios institucionales y garantizar la seguridad jurídica del tratado de paz por encima de cualquier injerencia internacional o de élites.

Pero el equipo negociador del Gobierno que lidera el ex vicepresidente Humberto de La Calle fue rotundo en su respuesta.

“Hay unos parámetros claros para las conversaciones de este punto que se pactaron el año pasado entre las partes (…) Eso es lo que el Gobierno está dispuesto a discutir y nada más”, dijo de La Calle poco después de la declaración de las FARC.

“Cualquier otro tema que propongan las FARC por fuera de esta agenda entendemos que hace parte de su ideario y que pueden someterlo a la consideración de los colombianos si hacen el tránsito a la democracia”, agregó al leer un comunicado sin responder preguntas de la prensa antes de ingresar al centro de convenciones de La Habana donde se produce el diálogo.

Ambas partes comenzaron a dialogar en noviembre y hasta ahora han conseguido un acuerdo parcial en el tema agrario que incluyó consensos en el uso y distribución de la tierra, un punto clave que llevó al surgimiento del grupo guerrillero en la década de 1960.

Las negociaciones para poner fin al violento conflicto que ha dejado unos 100.000 muertos y millones de desplazados en cinco décadas se dan bajo el principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

El diálogo se desarrolla sin dar tregua a la confrontación, pues el Gobierno se negó a un cese al fuego bilateral sugerido por las FARC, que cuentan con unos 8.000 miembros y es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

La agenda también incluye los temas de fin del conflicto, la lucha contra el narcotráfico y la compensación de las víctimas.

Tomado de INFOLATAM\REUTERS

Miriam Quiroga, quien fuera secretaria del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, declarará este viernes ante la Justicia, en la causa que investiga el supuesto movimiento de importantes cantidades de dinero durante su mandato entre la Casa de Gobierno y otras residencias oficiales.

Quiroga comparecerá ante el magistrado Luis Rodríguez, que instruye la causa abierta tras una denuncia presentada por la diputada opositora Elisa Carrió, del partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI).

Las principales centrales sindicales brasileñas convocaron a los trabajadores a una jornada nacional de protestas y paralizaciones el próximo 11 de julio con el fin de reforzar sus reivindicaciones ante el Gobierno y para aprovechar las actuales manifestaciones que sacuden al país.

“No será una huelga general como se especulaba en los medios sino una jornada de luchas, con paralizaciones, algunas huelgas y muchas movilizaciones”, dijo a Efe un vocero de la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor central sindical del país.

“Será el Día Nacional de Lucha con Huelgas y Movilizaciones en todos los estados del país”, afirmó por su parte el presidente de la Força Sindical, el diputado Paulo Pereira da Silva.

La convocatoria fue acordada en una reunión en Sao Paulo entre los dirigentes de las principales centrales sindicales de Brasil, incluyendo la CUT, Força Sindical, Unión General de los Trabajadores (UGT), Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas) y Central General de los Trabajadores Brasileños (CGTB).

“Hubo un consenso en que en la actual coyuntura del país no hay ambiente para una huelga general, ya que no tendría muchas adhesiones”, afirmó la fuente de la CUT consultada al admitir que, con el desempleo en bajos niveles y negociaciones salariales satisfactorias para los trabajadores, la pauta de los sindicatos está limitada a otras reivindicaciones.

Las centrales, sin embargo, consideran que una gran movilización nacional sí podrá reforzar la posición de los sindicatos en las negociaciones que intentan entablar con el Gobierno.

Igualmente consideran que la insatisfacción manifestada por los brasileños en las manifestaciones por mejores servicios públicos que sacuden al país desde hace dos semanas también pueden fortalecer las reivindicaciones de los sindicatos.

“Nuestro papel será levantar las banderas de la clase trabajadora e incorporar las reclamaciones de las calles. Vemos con buenos ojos lo que está ocurriendo en el país”, según el presidente de la Conferencia Nacional de la Clase Trabajadora, Pascoal Carneiro.

Los sindicatos aprovecharon la cita para unificar su posición y sus reivindicaciones antes de la reunión del miércoles a la que fueron invitados por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Las principales demandas de los sindicatos son la reducción de la jornada de trabajo hasta 40 horas semanales, la modificación de una ley que reduce las pensiones de quienes se jubilan prematuramente y la petición para que se archive un proyecto de ley que permite a las empresas ampliar el número de trabajadores tercerizados.

Algunos sindicatos también reivindican medidas para reducir la inflación, que consideran como la principal preocupación de los trabajadores actualmente, y, así como los manifestantes, exigen mayores inversiones públicas en educación, salud y transporte.

Tomado de INFOLATAM/EFE