La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, expresó su felicitación al nuevo papa Francisco I y al pueblo argentino y dijo que los fieles del país lo esperan en Río de Janeiro en julio próximo para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

“En nombre del pueblo brasileño, congratulo al nuevo papa Francisco I y felicito a la Iglesia católica y al pueblo argentino”, manifestó Rousseff en un comunicado divulgado por el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

La mandataria agregó que Brasil, el país con mayor número de católicos del mundo, siguió con atención el cónclave y “la elección del primer papa latinoamericano”.

El nuevo papa, de 76 años, es el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio.

“Es con expectativa que los fieles esperan la venida del papa Francisco I a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud, en julio”, agregó.

Según Rousseff, el hecho de que Francisco I venga a Brasil sólo cuatro meses después de haber sido elegido, “fortalece las tradiciones religiosas brasileñas y refuerza los lazos que unen a Brasil y al Vaticano”.

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Expresidentes de diversos países abogaron hoy por un cambio de paradigma en las políticas contra los estupefacientes basado en la “regulación” más que en la prohibición, durante un foro convocado por la Comisión Global de Política sobre Drogas.

En una conferencia de prensa al cabo del “Foro sobre Seguridad Ciudadana, Políticas sobre Drogas y Control de Armas en América Latina”, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) consideró que el “tabú” de buscar alternativas al enfoque represivo en la lucha antidrogas “se está resquebrajando”.

Cardoso, presidente de la Comisión Global, citó como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde algunos Gobiernos estatales decidieron despenalizar el consumo de la marihuana, “sin preguntar si había un acuerdo internacional” en ese sentido.

Sobre Latinoamérica, recordó que el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos convocó el año pasado a una cumbre hemisférica en Cartagena “donde se llegó a la conclusión de que hay que buscar alternativas a esa visión simplista de la guerra a las drogas”.

“Es más complejo que eso. Todos sabemos que las drogas hacen daño y por eso nuestra posición no es de liberalizar las drogas, sino discutir de qué forma se puede reducir el consumo”, expuso.

Reconoció que es necesario actuar “duramente” en contra de los grupos del narcotráfico, pero afirmó que ello involucra “organizar servicios de inteligencia efectivos, entrenar personal especializado, garantizar los derechos humanos y explicar a la ciudadanía lo que se está haciendo”.

“Creemos que la utilización bruta de la fuerza produce más muertes. Hay que utilizar inteligentemente la fuerza”, puntualizó.

A su vez, el expresidente colombiano César Gaviria (1990-1994) enfatizó que la Comisión Global de Política sobre Drogas no habla de legalización, “sino de regulación, de la importancia de entender que el consumo de drogas es un tema de salud y no criminal”.

“Hemos revisado diversas experiencias, sobre todo las europeas, y creemos que cuando se parte de que es un problema de salud se llega a políticas mucho más razonables que las que hoy están en boga en general en Latinoamérica y Estados Unidos”, indicó.

Refirió que en Europa se habla de “políticas de reducción de daños, que parten de la base de que es muy difícil eliminar por completo el consumo de drogas, y que hay que buscar la forma de que esos fenómenos el hagan el menor daño posible a la sociedad”.

Al respecto, la expresidenta suiza Ruth Dreifuss (1999) indicó que existen modelos exitosos de regulación de medicinas, tabaco y alcohol, y se preguntó “por qué no regular también sustancias que ahora son totalmente prohibidas”.

“Se puede decir que la prohibición es un tipo de regulación del mercado, pero no es un modelo eficaz porque en este caso el mercado está totalmente en manos criminales. Nuestra idea es que haya otra posibilidad de regular este mercado”, argumentó.

Dreifuss indicó que en su país existe un modelo que incluye la prescripción de heroína medicinal, “con lo que se ha podido rescatar a gente que estaba esclavizada por el crimen organizado y colocarla en un mercado controlado, regulado”.

Al sintetizar los resultados del Foro, Cardoso indicó que “no hay recetas para todos los países”, pues lo que funciona en uno puede no resultar exitoso en otro. “No estamos aquí para decir que hay que hacer esto o lo otro, sino para señalar que lo que se está haciendo no sirve, y que hay experiencias más positivas que hay que analizar”, acotó.

El Foro reunió durante dos días en el plantel del Instituto Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México a unas 80 personas, incluyendo a los tres expresidentes, autoridades gubernamentales de Latinoamérica y representantes de la sociedad civil.

El programa se centró en las amenazas y oportunidades que enfrenta la seguridad en la región, los impactos de las actuales políticas sobre drogas y las posibilidades de lograr avances en cuanto a reducción de la violencia y control de armas.

La Comisión Global de Política sobre Drogas, compuesta por 22 líderes internacionales, incluyendo a siete expresidentes, se formó en julio de 2010 con el objetivo buscar rutas hacia un cambio de las políticas y leyes sobre drogas.

Tomado de INFOLATAM/EFE

El Gobierno de Bolivia espera que sus tres soldados detenidos en Chile el pasado 25 de enero por traspasar la frontera portando armas de guerra sean puestos en libertad sin condiciones ni penas tras la audiencia judicial que se celebrará este viernes. Por su parte, el Gobierno chileno ve “con buenos ojos” que se realice la nueva audiencia.

La vista “será seguramente para disponer la libertad inmediata de nuestros tres soldados sin ningún tipo de condición, sin establecerles ninguna pena”, afirmó el ministro boliviano de Defensa, Ruben Saavedra.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte (norte de Chile) fijó la audiencia para este viernes a las 10.00 hora local (13.00 GMT).

El ministro boliviano dijo que el fiscal de la región chilena de Tarapaca, Manuel Guerra, decidió solicitar la nueva audiencia “para ver la posibilidad de que puedan salir en libertad”.

“Si existe dentro del proceso judicial la posibilidad de encontrar una solución judicial y jurídica, el Gobierno, obviamente, la respeta y la ve con muy buenos ojos”, dijo el ministro del Interior chileno, Andrés Chadwick.

Chadwick insistió en que esta polémica debe resolverse por la vía judicial y no por el camino de la política o la diplomacia, como reclamaron las autoridades bolivianas y incluso algunos sectores de la oposición en Chile.

El lunes pasado se celebró una primera audiencia de cierre de la investigación en la que los reclutas rechazaron una salida alternativa y optaron por llevar el caso a un juicio oral.

Los tres quedaron libres pero sometidos a medidas cautelares como la del “arraigo”, que les impide salir de Chile.

La Fiscalía chilena ofreció ese día a los soldados bolivianos Alex Choque y Augusto Cárdenas la suspensión condicional del procedimiento, que les suponía la expulsión de Chile sin cargos, sólo con la prohibición de volver durante un año.

A José Luis Fernández, que portaba un fusil durante la detención, se le propuso un juicio abreviado, con una pena de tres años y un día de prisión que, inmediatamente después de ser dictada, se conmutaba también por la expulsión del país.

Este problema ha elevado la tensión en la relación bilateral entre ambos países y provocado descalificaciones recíprocas entre los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera, enfrentados además por el reclamo boliviano de una salida soberana al Pacífico.

Bolivia perdió su litoral en una guerra librada en el siglo XIX contra Chile y entre ambas naciones no existe relación a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978.

Tomado de INFOLATAM/EFE