Felipe Calderón ordenó reestructurar esta dependencia, acusada de corrupción y malos tratos a miles de indocumentados. Cerca de 40 empleados fueron procesados penalmente y otros 200 separados de sus cargos

El responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, afirmó que desde agosto del año pasado comenzó un proceso de investigación al interior del instituto. Además de los empleados procesados y de los despedidos, reveló que se investiga a funcionarios acusados de prostituir a centroamericanas en Chiapas.

Hasta la fecha, se han evaluado a 1.152 funcionarios, es decir, una tercera parte del personal. Sin embargo, los 5.200 agentes del INM pasarán por exámenes de control de confianza: habrá pruebas toxicológicas, médicas, psicométricas y físicas. Para ingresar a la dependencia, además, se evaluarán sus antecedentes penales y de patrimonio.

El INM está compuesto por delegaciones regionales que operan en cada estado. México, además, cuenta con 35 estaciones migratorias, 44 puntos de internación terrestre, 65 puntos de internación marítima, 64 puntos de internación aérea y 119 oficinas de trámites para poder proporcionar servicios a los migrantes que pasan por México.

Entre las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Calderón, se fortalecerá el Grupo Beta. Se trata de un equipo especialmente creado para la protección a migrantes,  su objetivo es brindar apoyo médico de primeros auxilios, alimentos y agua, además de orientarlos sobre los riesgos que implica su camino. Los betas no detienen a los indocumentados.

El Gobierno utilizará fondos de la Iniciativa Mérida -dinero estadounidense- para costear la depuración y adquirir equipos, tecnología y pagar capacitación del personal asignado a la protección de los migrantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó "secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales" a migrantes en 16 de los 32 estados de México. Cada año, unos 300 mil indocumentados centroamericanos y unos 400 mil mexicanos recorren entre 1.000 y 4.000 kilómetros para llegar a los Estados Unidos. Desde secuestros extorsivos hasta reclutamientos forzosos para el crimen organizado, el camino acarrea una serie de riesgos, muchos, mortales.

La CNDH, una entidad autónoma con financiación estatal, afirmó que los sitios "en los que se corre el riesgo de ser víctimas de la delincuencia se relacionan directamente con la ruta del tren que utilizan en su tránsito por México hacia Estados Unidos".

Concretamente, calificó de riesgosos a 71 municipios de Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.