Hay mucho en juego en las elecciones legislativas venezolanas. Tras meses de incertidumbre, y en medio de intensas presiones internas e internacionales, a finales de junio el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció el 6 de diciembre para elegir a los 167 miembros de la Asamblea Nacional unicameral.

Por Daniel Zovatto

(Infolatam).- Cabe recordar que en Venezuela los comicios legislativos se celebran en fecha distinta a las presidenciales. Estas últimas tuvieron lugar en abril de 2013 para elegir al sucesor de Hugo Chávez; por un estrechísimo margen (1.4%), Nicolás Maduro resultó vencedor en un tenso y cuestionado ambiente.

Hegemonía chavista en riesgo

Desde el año 2000, el chavismo ha mantenido el control permanente de la Asamblea Legislativa; predominancia que aumentó aún más en las elecciones de 2005 cuando la oposición cometió el error de no participar. Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en 2010 cuando el oficialismo, mediante reformas truculentas al sistema electoral dirigidas a mejorar su representatividad, obtuvo 99 de los 167 diputados.

Esta amplia mayoría permitió al gobierno de Chávez y ahora al de Maduro gobernar con amplio control y margen de discrecionalidad, situación que podría revertirse a partir de enero de 2016, fecha en que los nuevos integrantes del Parlamento deben asumir. Actualmente, el nivel de credibilidad de este órgano es muy bajo; sin embargo, es una institución clave para el debate y el control político, la aprobación de las leyes, incluido el presupuesto, y la designación de los miembros de los principales poderes.

Por primera vez en muchos años el chavismo se arriesga a perder el control de la Asamblea. Entre los factores que podrían influir de manera adversa para el gobierno cabe citar la grave situación económica (alta inflación, desabastecimiento, corrupción) y social que atraviesa Venezuela, así como el marcado desgaste de Maduro que reflejan las encuestas. Según Datanálisis, 84% de la población siente que el país está mal y sólo 13% opina que la situación es positiva.

Frente a este cuadro adverso, y ante el temor de sufrir un descalabro electoral, el chavismo ha recrudecido la represión política encarcelando injustamente a varios dirigentes opositores (Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre ellos). La semana pasada, además, la Contraloría General anunció la inhabilitación para ejercer cargos públicos de varios miembros de la oposición, entre ellos: María Corina Machado y el ex gobernador Pablo Pérez. En respuesta a estas medidas arbitrarias, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) ya anunció marchas de protesta y una campaña internacional de denuncia ante la OEA y la ONU.

Integridad electoral y observación internacional

La integridad y credibilidad de este importante proceso electoral depende del cumplimiento de varios factores críticos e imprescindibles.

Primero, el gobierno debe poner fin a la represión política en todas sus formas (incluida la liberación de los presos políticos), el acoso a los pocos medios independientes que aún existen y a las medidas administrativas dirigidas a obstaculizar la participación de la oposición.

Segundo, el CNE debe actuar con total imparcialidad y garantizar condiciones de equidad a lo largo de toda la campaña electoral, lo que supone evitar el efecto de “cancha inclinada” en favor del oficialismo.

Tercero, es necesario restablecer los principios de representación proporcional consagrados en la Constitución Política y revisar la actual conformación de las circunscripciones electorales para impedir la exagerada desproporción entre votos obtenidos y representantes electos, como ocurrió en las pasadas elecciones legislativas de 2010.

Y cuarto, el CNE debe garantizar una auténtica observación internacional, la cual no debe quedar limitada a la “misión de acompañamiento” de la UNASUR. En este sentido, debe invitar a la OEA y a la UE, entre otras organizaciones internacionales, a que envíen sus respectivas misiones de observación electoral con suficiente antelación para que observen todas las etapas del proceso electoral.

Cabe tener presente que desde 2006 Venezuela ha impedido la presencia de misiones de observación electoral, a excepción de las de “acompañamiento” de UNASUR cuya metodología de trabajo (hasta la fecha) difieren de manera importante de las de la OEA, organismo que, con más de 200 misiones en su haber, y salvo algunas excepciones, cuenta hoy con credibilidad y reconocimiento en este ámbito.

En una conversación que sostuvimos recientemente con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el Centro Carter, con el Grupo de los Amigos de la Carta Democrática Interamericana, Almagro reiteró el interés de la OEA de observar estas elecciones y dijo estar en desacuerdo con las proscripciones políticas que tienen lugar en Venezuela.

En caso de que transcurran las semanas y el CNE no envíe la invitación formal a la OEA, o niegue su participación, el Secretario General debería proponer (invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana) realizar una apreciación colectiva de la crítica situación política venezolana. Existe, después de todo, como bien señala Rubén Perina (ex funcionario de la OEA) “el peligro de una alteración del orden democrático, en términos de un fraude electoral o cuando Maduro anuncia que será el primero en lanzarse a la calle si la oposición gana…”.

Mi opinión. Coincido plenamente con la reciente solicitud de 27 ex Jefes de Estado iberoamericanos sobre de la necesidad de que las elecciones legislativas sean libres, justas e imparciales y que se lleven a cabo en un clima de absoluta confianza y transparencia. En efecto, unas elecciones legítimas y creíbles constituyen el mejor mecanismo para destrabar el juego político, disminuir la aguda polarización que padece Venezuela y avanzar en materia de reconciliación. Por el contrario, unos comicios cuyos resultados no sean respetados por las partes podrían agravar peligrosamente la de por sí delicada y compleja situación que vive el país.

De cara a las elecciones del 6 de diciembre el ambiente va a ser tenso y complejo, y con seguridad el trayecto estará plagado de obstáculos y desafíos. Frente a este panorama, el CNE (que actualmente goza de bajo nivel de confianza ciudadana) deberá actuar con absoluta imparcialidad y garantizar, a lo largo de las diferentes etapas del proceso electoral, el pleno respeto de los derechos civiles y políticos, transparencia y equidad. De no actuar conforme a estos principios, la legitimidad y la credibilidad de las elecciones estarán en riesgo.

Los países de la región, por su parte, no pueden seguir haciéndose de la vista gorda ni guardando un silencio cómplice frente al tema venezolano. Tanto la OEA como la UNASUR tienen la responsabilidad de hacer su mejor esfuerzo para coadyuvar a garantizar unos comicios libres, transparentes y justos que permitan encontrar una salida institucional a la grave crisis y ayuden a recuperar la plena vigencia de la democracia en Venezuela.

INFOLATAM/EFE

Los datos son tozudos y confirman la popularidad de presidentes que son objeto de permanentes críticas en sus respectivos países y fuera de ellos.

De acuerdo al informe de una consultora mexicana, de los cinco presidentes más populares de América, tres de ellos están enmarcados dentro del llamado eje bolivariano y son países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA).

El Latinobarometro desde hace algunos años muestra como los ciudadanos de estos países están particularmente satisfechos con sus gobiernos y consideran que gozan de autenticas democracias, en las que se contempla particularmente la voluntad popular.

Frente a ello Presidentes que cuentan con prestigio internacional y de los cuales se halaga su gestión y esfuerzos por la modernización de sus respectivos países se encuentran en los niveles más bajos de popularidad. De hecho en el extremo contrario, como los menos aceptados por la población, se encuentran la brasileña Dilma Rousseff, con un 10 por ciento de simpatías y el peruano Ollanta Humala, con un 17 por ciento de aceptación.

No hay muchas repuestas en relación a esta pregunta. Lo cierto es que abundan mas las críticas que los análisis. Pareciera que por negar lo que no gusta es suficiente para que deje de existir. Y estos gobiernos no desaparecen, muy al contrario se consolidan en el tiempo, mediante la reelección presidencial.

Muchos analistas insisten en que su  permanencia en el poder se debe al empleo de los recursos del Estado en beneficio propio, para reforzar su liderazgo y bloquear las posibilidades de apoyo que pueda tener los adversarios políticos. No puede negarse esta instrumentalización del aparato estatal, pero esta cuestión aunque ayuda no puede explicar por sí misma su popularidad.

Tampoco la prosperidad, de los últimos años, puede explicar del todo este apoyo. Hay quienes están esperando el final de estos gobiernos, con el final de la prosperidad, al acabar los altos precios de las materias primas y del petróleo. Pero si esta es la causa, ¿por qué en aquellos países como Perú, donde sigue creciendo hoy día, pese a la ralentización de la economía, su Presidente se encuentra en el último lugar de la lista de mandatarios?

De hecho estos gobiernos no son infalibles, por muchas  artimañas que utilicen para gobernar porque en última instancia dependen del apoyo popular. Así se comprueba con el caso venezolano, cuyo gobierno lidera la exaltación bolivariana. Nicolas Maduro, como presidente de Venezuela, cuenta con el 26% de aprobación ciudadana, disminuyendo 16 puntos porcentuales y ubicándose en la posición 17 en la lista de mandatarios con menor popularidad, no obstante lo increíble es que no se encuentre al final de la lista. Sigue logrando tener mucho apoyo, contemplando la situación del país. Con una gestión y resultados económicos desastrosos, con uno de los índices de inseguridad más altos de la región e incapaz de silenciar a una oposición, que cada vez consigue más apoyos públicos internacionales y que está poniendo en evidencia las actuaciones del gobierno. Sin embargo, hasta el gobierno venezolano puede perder apoyos y perderá las elecciones si deja de contar con el respaldo de los ciudadanos.

Esa es la clave de estos gobiernos, tienen legitimidad suficiente para estar en el poder durante años, aunque muchos observadores no pronostiquen otra cosa más que su inminente final, desde que ganaron, por primera vez, las elecciones. El ejemplo de Evo Morales es paradigmático. Tras nueve años en el poder, es el Presidente más popular de la región, sólo superado por Danilo Mendoza, actual Presidente de la República Dominicana. Ganó por primera vez las elecciones en 2005, Morales obtuvo casi el 54% de los votos, convirtiéndose así en el primer Presidente indígena y ganar la contienda electoral por mayoría absoluta, otro hecho poco común también en Bolivia. El 6 de diciembre de 2009 se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las que logró la reelección con el 64,22% de los votos y reasumió la presidencia. Las últimas han sido en 2014, que ha vuelto a ganar por mayoría absoluta y que le aseguran la presidencia hasta 2020.

No hay muchos Presidentes en la región con este historial, para encontrar ejemplos similares, no por casualidad, tenemos que referirnos a sus colegas el Presidente de Ecuador y de Nicaragua. El primero, accede al poder tras ganar por primera vez las elecciones presidenciales de 2006. Luego de la adopción de una nueva Constitución, en septiembre del 2008, se organizaron nuevas elecciones generales y el 26 de abril de 2009 gana la contienda electoral, con 52% de los votos en la primera vuelta. Este segundo mandato fue hasta  2013, cuando fue reelegido nuevamente para un mandato que finalizara en  2017. El segundo accedió al poder, a través de elecciones, el segundo, después de ser elegido en 2006, logro la reelección en 2011.

Ningún gobierno, por autoritario que sea, puede sobrevivir sin la legitimidad popular.  Esta es una evidencia que muchos se niegan a aceptar y es preciso hacerlo, si el objetivo es entender la continuidad de unos Presidentes, que aunque muchos no compartamos su forma de gobernar, son una realidad.

INFOLATAM/EFE

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró que las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que han recibido en los últimos días algunos de sus integrantes son para todos los venezolanos y acusó de estas sanciones al presidente del país, Nicolás Maduro.

“Los inhabilitados no son solamente Daniel Ceballos, María Corina Machado o Enzo Scarano. Aquí en Venezuela sobrevivimos 30 millones de inhabilitados”, señaló en un texto en la página web de la coalición titulado “10 puntos para enfrentar y vencer las inhabilitaciones” su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba.

Torrealba acusó de estas sanciones en contra de los ciudadanos al “régimen” que forman, en su opinión, el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Asamblea Nacional (AN,unicameral), el también oficialista Diosdado Cabello.

Machado, Ceballos y Scarano fueron notificados en los últimas días de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un año por la Contraloría General, organismo que argumentó diferentes razones para cada uno de ellos.

Los tres fueron elegidos hace unas semanas por la MUD como candidatos a la AN en las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar el 6 de diciembre, pero esta medida les impediría presentarse.

Parael portavoz opositor estas decisiones “son claros signos de una neo-dictadura al borde del colapso” y las inhabilitaciones son “una clara confesión de debilidad de un régimen que tiene trampas pero no votos”.

Defendió que con esta supuesta decisión “el Gobierno quiere que nos pongamos a hablar de las inhabilitaciones, de las persecuciones, de las agresiones contra los candidatos y dirigentes de oposición, para que dejemos de denunciar el drama de las colas, la escasez de comida, la destrucción de la moneda, la inseguridad atroz”.

“Nada ni nadie debe apartarnos de la agenda económica y social, que es la que une al país contra el Régimen”, advirtió.

Señaló al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de “agente” del Gobierno actual y reiteró su llamado a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Unión de Naciones Suramericanas o las Naciones Unidas para que viajen al país a contrastar estas realidad.

“Deben venir de inmediato a condenar este grotesco fraude electoral del Gobierno”, afirmó.

A pesar de las sanciones contra los tres opositores la MUD, a través del mismo Torrealba, anunció el viernes pasado que el 3 de agosto, día en el que formalizarán los candidatos ante el CNE, “la unidad democrática va inscribir completico a sus candidatos”.