El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de calificar al país suramericano como una “amenaza”, le va a costar “muy caro” a la nación norteamericana.

“Los Estados Unidos de Norteamérica han cometido la aberración histórica más grande y le va a costar muy caro en lo político, en lo diplomático, en lo humano, calificar a Venezuela como una amenaza”, dijo Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores al término de una marcha denominada “antiimperialista”.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró a través de una orden ejecutiva emitida este lunes una “emergencia nacional” en su país por la “amenaza inusual y extraordinaria” que la situación de Venezuela representa para la seguridad estadounidense.

El anuncio de Washington incluyó el bloqueo de bienes que pudieran tener en EE.UU. siete funcionarios venezolanos a los que acusa de violar derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que se vivieron en el país en 2014 junto con la prohibición de entrar a EE.UU.

Maduro, que calificó esta decisión estadounidense como “el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela”, dijo hoy que “la única amenaza que hay contra el pueblo de los EE.UU. son sus propios gobernantes que los mandan a la guerra”.

El mandatario venezolano aseguró que las sanciones impuestas a los funcionarios son una reacción de la Administración de Obama por la detención del opositor Leopoldo López, recluido en prisión desde hace más de un año acusado de promover la violencia en una marcha antigubernamental a principios de 2014, y quien, según Maduro, es “un agente antipatria” de EE.UU.

“EE.UU. decretó la ‘emergencia nacional’ y nos acusa de ser una amenaza porque la Justicia venezolana llevó a la cárcel al agente principal que ellos tienen en Venezuela para desestabilizar, que ellos lo llaman el líder, el monstruo de Ramo Verde”, dijo.

“Declaran a todo un país amenaza para salvar a uno de sus agentes, Leopoldo López, que es un asesino reincidente”, añadió el mandatario que ha considerado que después de la muerte de su predecesor Hugo Chávez (1999-2013), este “es el momento más importante de la revolución”.

Tras el anuncio de las sanciones, Maduro solicitó al Parlamento venezolano autorizar una ley habilitante que le otorgue poderes especiales que le permitan legislar durante seis meses para “enfrentar” las “amenazas” de EE.UU., una solicitud que el Legislativo prevé autorizar el próximo domingo.

INFOLATAM

El detenido alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspirar contra el Gobierno de Venezuela, es víctima de “pruebas contaminadas” y conclusiones jurídicas “retorcidas” para involucrarlo en “hechos falsos”, dijo hoy Omar Estacio, uno de sus abogados.

“Las imputaciones contra Ledezma están basadas en hechos falsos, pruebas contaminadas, poco creíbles, por no decir pruebas deleznables, y en conceptos y calificaciones jurídicas retorcidas”, declaró el letrado en una entrevista con la emisora privada Televen.

El alcalde y líder del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) fue acusado formalmente un día después de su detención, el 19 de febrero pasado, de conspiración y asociación delictiva, y trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, donde espera ser juzgado.

Ledezma fue implicado por militares y civiles que figuran en videos difundidos insistentemente por la televisión estatal en los que estos admiten su participación en un reciente intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, por el cual han sido detenidos también al menos siete oficiales de la Aviación Militar.

La difusión de pruebas que deben mantenerse “bajo reserva” las contamina como elemento judicial, además de que se basan en “hechos falsos” como que Ledezma mantuvo conversaciones telefónicas con venezolanos en Estados Unidos acusados de planificar un golpe de Estado, lo que sencillamente “no existió”, remarcó el abogado.

“La única ley es que no hay ley, sino una anomia social encabezada por el jefe de Estado”, añadió al recordar que fue el gobernante quien difundió algunas de esas supuestas pruebas.

Subrayó también que un fallo de 2009 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que el delito de conspiración existe “cuando se busca cambiar el régimen republicano”, lo que repitió que no es el caso de su defendido.

Además, prosiguió, existen otras sentencias de esa máxima instancia judicial venezolana que equipara el cargo de alcalde metropolitano al de gobernador regional, ambos de elección popular y por el cual sus titulares gozan de inmunidad judicial.

En virtud de ello, las acusaciones en contra Ledezma, dijo, deben ser conocidas por el TSJ en un llamado “antejuicio de mérito”, el cual debe mantener en libertad al acusado en reconocimiento a su derecho a “defenderse antes de que se le prive de libertad”.

También se le imputa a Ledezma el delito de asociación, el cual se genera, añadió el defensor, “cuando se persigue un fin económico” y así se considera en la jurisprudencia nacional basada en normas surgidas en Italia a propósito de su lucha contra las mafias.

Estacio aseguró que adicionalmente fiscales y jueces que forman parte del proceso contra Ledezma “no son de carrera” sino “funcionarios que pueden ser removidos de un plumazo (porque) fueron elegidos a dedo y tienen una gran presión”.

Un fiscal, un juez “que no tenga autonomía no se va a atrever a ir contra el aparato del Estado”, dijo, aunque adelantó que el equipo jurídico de Ledezma agotará “todos los recursos” legales para “desmontar el andamiaje construido y que descansa en la imputación de hechos falsos, pruebas tergiversadas y conclusiones jurídicas retorcidas”, reiteró.

INFOLATAM/EFE

(Infolatam).- El pasado 24 de febrero Kluiver Roa, estudiante venezolano de 14 años, yacía tendido en el pavimento de una calle de San Cristobal con el cráneo destrozado por un proyectil policial. Desarmado, había intentado escapar de una lluvia de balas disparadas contra una manifestación popular. Ello no impidió que fuera ejecutado extraoficialmente por los cuerpos represivos que ahora tienen autorización para usar su fuerza letal contra indignados, e incluso contra transeúntes curiosos que ocasionalmente alcanzan a filmar sus desmanes.

El policía Javier Mora Ortiz, de 23 años, de quien se dice apretó el gatillo, está provisionalmente detenido por las “autoridades” mientras que el Ministerio Público anuncia su disposición a investigar los hechos.

Los trágicos sucesos que cegaron la vida de este niño venezolano no ocurrieron solamente en la calle donde recibió el balazo. Tampoco el joven policía, ahora detenido, fue el único responsable de este crimen.

Nadie cree que el Ministerio Público de Venezuela, siempre interesado en proyectar una imagen impoluta de justicia estatal, pueda ahora realizar una investigación justa e integral de lo acontecido. Más bien está urgido de salvarle la cara al régimen venezolano. A ese fin se apresta a usar un chivo expiatorio: el joven policía, a quien primero inyectaron odio, para luego armarlo y autorizarlo a matar. Otra tragedia humana. Nada más conveniente que hacer ahora recaer sobre él la culpa por lo sucedido.

La realidad es diferente. Si bien hubo un solo gatillero, el asesinato de Kluiver Roa tuvo también otros cómplices.

El crimen no ocurrió simplemente en una calle de San Cristobal, sino en un país cuyos principales gobernantes padecen de un colonialismo mental que los impele a consultar a La Habana cada vez que necesitan recibir instrucciones, sea sobre asuntos políticos, militares, sociales o económicos. Allá fue Nicolás Maduro días antes de ordenar la puesta en marcha de esta nueva ola represiva. La suposición de que el gobernante venezolano haya podido desatarla sin auscultar primero el criterio de La Habana es una fantasía política.

Hay quienes dan otra explicación a la visita y adivinan cierto resentimiento en el gobierno venezolano, porque lo ignoraron durante las conversaciones secretas sostenidas en Canadá durante dieciocho meses entre Cuba y Estados Unidos. Pero la idea de que Raúl Castro iba a tener informado a Maduro sobre sus escarceos diplomáticos con Estados Unidos es pueril. Contrario a las teorías economicistas, el gobierno venezolano depende más del cubano para sobrevivir que a la inversa.

Tampoco hay evidencia definitiva de que La Habana haya decidido –finalmente- hacer las paces con Washington y en ese proceso incluyese el futuro de los venezolanos. Si realmente hubiese apostado por esa posibilidad habría ya recomendado al gobierno de Venezuela alejarse del modelo económico cubano y procurar un pacto de gobernabilidad con la oposición.

Pero lamentablemente se aprecia lo contrario. Interminables colas en toda Venezuela, el juicio contra Leopoldo López, la detención arbitraria del alcalde de Caracas Antonio Ledezma, el cadáver del niño Kluiver Roa tendido en el pavimento, y los estudiantes heridos en manifestaciones más recientes, evidencian que Castro y Maduro, por ahora, no parecen haber cambiado de mentalidad ni acordado cambio de rumbo alguno. Lo que se aprecia en Venezuela desde el viaje de Maduro a La Habana es una acelerada radicalización hacia el abismo.

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