El presidente de la principal patronal venezolana (Fedecámaras), Jorge Roig, aseguró hoy que ve posible que la inflación en 2015 alcance el 120 por ciento en caso de que el Gobierno no tome medidas, entre otras, de ajuste fiscal como algunos economistas han señalado en las últimas semanas.

“Es esperable que si no se hacen las cosas (tomar medidas) tengamos una inflación de más del 120 %”, aseguró Roig en una entrevista en el canal privado Globovisión, aunque indicó que las cifras de Fedecámaras, que no reveló, son “un poco más optimistas”.

Respecto a la previsión económica del próximo año, Roig se mostró poco esperanzado, en base a las previsiones de algunos analistas, que auguran -dijo- una inflación anual del 70 por ciento, un PIB en números rojos o unos precios petroleros, principal fuente de ingresos de Venezuela, que continuarán cayendo.

“Me impresiona (…) quien considere que puede ser un 2015 bueno”, sostuvo.

La última cifra de inflación facilitada por el Banco Central de Venezuela (BCV) fue el pasado 10 de septiembre cuando reveló los números de junio (4,4 por ciento), julio (4,1 %) y agosto (3,9 %), lo que elevó el índice de precios interanual al 63,4 % y el acumulado en lo que iba de año al 39.

Esto en un contexto de escasez de productos de primera necesidad, situación que el Ejecutivo achaca a una “guerra económica” por parte de empresas privadas, oposición y actores internacionales y de la que los no chavistas responsabilizan a la mala política económica del Gobierno.

Frente a este panorama el máximo representante de Fedecámaras propuso una serie de medidas dentro de lo que llamó “racionalidad económica” como mayor disciplina fiscal -reducir el gasto- desmontar el sistema de cambio vigente en el país o dar mayor seguridad a los inversionistas.

“La manera es ir racionalizando la economía y parece que es lo único que (el Gobierno) no quiere hacer”, indicó.

Según Roig este año era el de “toma de decisiones” en materia económica para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, facilitado por una serie de poderes especiales que le fueron aprobados por la Asamblea Nacional y por la ausencia de elecciones de cualquier tipo en el país.

“¿Las vas a tomar el año que viene, que tiene costo político, que tienes elecciones enfrente?”, inquirió a Maduro.

El empresario se mostró dispuesto a reunirse de nuevo con el presidente, como ya hizo en febrero pasado, encuentros que fructificaron en una serie de mesas de trabajo entre el sector privado y el Gobierno, comunicación que a día de hoy se mantiene “informalmente” y a través del vicepresidente Jorge Arreaza, reveló.

“Creo que tiene que ser el Gobierno quien tiene que abrir las puertas, pero no solo a Fedecámaras (…) con jóvenes, con el sector político, con la iglesia”, indicó al respecto.

“Este país tiene que conciliarse. Fedecámaras es un actor más”, añadió.

“1. Érase una vez 1989. Cuando en 1989 Carlos Andrés Pérez retornó a Miraflores en medio de un punto de quiebre similar al que enfrenta Nicolás Maduro, el colapso de los controles de precios y de cambio implementados por Jaime Lusinchi se traducía en aceleración de la inflación, escasez, devaluación de la moneda y un nivel precario en las reservas internacionales líquidas. Al mismo tiempo, el Banco Central de Venezuela se mostraba incapaz de honrar una cuantiosa deuda por cartas de crédito en manos de importadores, mientras que un elevado déficit fiscal sumergía las cuentas públicas.

Por Víctor Salmeron

(Prodavinci. Venezuela)-. Carlos Andrés Pérez intentó aplicar un plan de reformas estructurales para tratar que la economía recuperara la salud, basado entre otras cosas en eliminación de los controles, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio y préstamos de organismos multilaterales, bajo la convicción de que había que contar con un marco macroeconómico equilibrado, un gobierno de menor tamaño pero más eficiente y un sector privado fuerte y exportador.

Analistas coinciden en que errores de coordinación, la ausencia de una estrategia de comunicación y la carencia de apoyo político impidieron el éxito del ajuste. ¿Puede Nicolás Maduro aprender de los errores del pasado, hacer las modificaciones necesarias y aplicar un plan de reformas estructurales que lleve a Venezuela al crecimiento sostenido, baja inflación y menor dependencia de los precios del petróleo?

Gerver Torres, quien formó parte del gabinete de Carlos Andrés Pérez en 1989, considera que si bien hay similitudes entre los desequilibrios macroeconómicos la situación actual es más compleja. “En aquel momento se trataba de restaurar el equilibrio y adelantar las reformas, pero no de dejar atrás un modelo que deliberadamente le ha dado un papel marginal al sector privado al crear mayor inseguridad jurídica y golpear severamente la confianza”.

Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, coincide con esta apreciación y explica que “en 1989 la estructura productiva no estaba tan trastocada como ahora, cuando parte del aparato productivo ha sido desmantelado”.

Desde su punto de vista “los costos económicos y políticos que tendría un plan de reformas son tan elevados que la administración de Nicolás Maduro no puede asumirlos. Si hablamos de modificar el marco regulatorio que fomenta la conducta anticompetitiva  y la búsqueda de rentas; fortalecer el derecho de propiedad, eliminar los controles, la base política del gobierno se erosionaría de tal forma que pondría en peligro su sostenibilidad”. Incluso profundiza en este aspecto y explica que “tampoco existe una situación que permita la negociación para distribuir los costos políticos y hacer que la sociedad acepte las medidas, alcanzar consenso entre los distintos actores. ¿Qué pasaría si eventualmente el gobierno le pide respaldo a la oposición para aplicar un plan de reformas?”.

Gerver Torres detecta otro tipo de carencias: “En primer lugar, a este gobierno le es muy difícil implementar un plan de reformas por taras ideológicas, por la creencia en que el estatismo funciona. A esto se añaden grupos que bloquean cualquier intento de cambio porque se benefician de la corrupción que han creado los controles más una telaraña burocrática e incompetente, porque los funcionarios están allí por lealtad y no porque sean idóneos para el cargo. Luego habría que mencionar la falta de liderazgo y ninguna credibilidad por parte de los agentes económicos”.

2. El malestar. Un estudio desarrollado por los economistas españoles José Antonio Alonso y Carlos Garcimartín explica que un país cuenta con lo que se podría llamar el hardware de la economía (recursos naturales, capital físico), pero para que sea eficiente se requiere el softwarecorrecto (calidad en el marco normativo, instituciones sólidas que reduzcan la incertidumbre y políticas adecuadas).

Si la administración de Nicolás Maduro es incapaz de introducir modificaciones en el software,¿qué se puede esperar en un momento e el cual Venezuela camina por la recesión, hay una inflación de 63,4%, una devaluación galopante del bolívar en el mercado paralelo y escasez?

Luis Zambrano Sequín indica que “si el gobierno aplica las medidas que debería tomar se expone a perder el poder. Por eso ha optado por ver hasta dónde puede patear la pelota: esperar a que el petróleo rebote y tomar una que otra medida parcial, las cuales tienen muy poco éxito porque los desequilibrios son muy profundos. Éste es un escenario muy difícil, pero es más atractivo políticamente: no hay un gobierno que esté pensando en el largo plazo y se trata de un criterio político-electoral”.

La caída del petróleo añade incertidumbre. De acuerdo con Bank of America y Barclays Capital, por cada dólar que desciende el promedio anual en la cotización del barril el Gobierno deja de recibir 770 millones de dólares. Esto implica que si el precio de la cesta petrolera venezolana se estabiliza en 80 dólares el barril, entonces el próximo año el ingreso en divisas del Gobierno caería en 14 mil millones de dólares con respecto a 2014, algo que agravaría los desequilibrios de la economía.

3. ¿Margen de maniobra? Alejandro Grisanti, analista de Barclays Capital, indica en su último informe sobre Venezuela, fechado el pasado 3 de noviembre, que el gobierno evalúa una serie de medidas para disminuir el desajuste, como titularizar la deuda que tienen los países que reciben petróleo con condiciones especiales para el pago a través del convenio Petrocaribe. Este paso aumentaría las divisas en caja para compensar en alguna medida la pérdida de brillo del petróleo. Además, dice que contempla disminuir la entrega de dólares al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar y elevar el número de empresas que reciben divisas a través de la tasa del Sicad, actualmente en torno a 12 bolívares por dólar, o del Sicad II a 50 bolívares por dólar.

De esta manera, el Gobierno recibiría más bolívares por los dólares que vende y disminuiría el desequilibrio entre ingresos y gastos. Y Barclays afirma que ya hay señales en esta dirección y explica que “los bancos locales reportan un descenso en las ventas de divisas a 6,30 bolívares lo que en la práctica es una devaluación”.

Al mismo tiempo está sobre la mesa la posibilidad de vender activos. “El sector público tiene activos que podría liquidar. Recordemos que Venezuela posee 18 refinerías en Estados Unidos y Europa que han sido valoradas en 18 mil 900 millones de dólares por el Banco Central”, indicaBank of America.

Todo indica que Nicolás Maduro ha optado por sustituir un viraje que, en la etapa del ajuste, tendría elevados costos políticos e impactos en la población, aunque luego el país podría alcanzar mayor estabilidad y prosperidad, y prefirió la estrategia de implementar medidas puntuales que impidan la asfixia total de la economía. Pero este camino no está exento de costos y carece de largo plazo. Salvo que la ruleta petrolera premie a Venezuela con un nuevo período de aumento constante en el precio del barril.

Mientras tanto, la popularidad de Nicolás Maduro está en descenso y todas las proyecciones de firmas de análisis y entidades financieras prevén un 2015 que repetirá la historia de este año: elevada inflación, recesión y escasez.

INFOLATAM

El Gobierno de Bolivia expresó su confianza en que la Cumbre del Mercosur que se celebrará en diciembre en Argentina avanzará en la solución de las dificultades “técnicas jurídicas” que retrasan el ingreso del país al bloque.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Exteriores de Bolivia, Clarems Endara, explicó a Efe que la dificultad está en el análisis de cuál es la mejor forma en que Paraguay tratará la adhesión boliviana.

“Tenemos la esperanza de que en la cumbre de fin de año se pueda dar un avance significativo con estas dificultades”, sostuvo.

El análisis pasa por mantener el protocolo de adhesión de Bolivia tal como está o en hacer uno nuevo para la consideración de Paraguay, ya que el original fue redactado cuando ese país estaba suspendido del bloque económico, explicó el alto funcionario.

El Mercosur suspendió a Paraguay a mediados de 2012 debido a la violación de la “cláusula democrática” del bloque, tras la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de ese país, que se reintegró al grupo a fines del año pasado.

El protocolo de la adhesión boliviana al bloque ha sido ratificado por Venezuela, Uruguay y Argentina, quedando pendientes Brasil, Paraguay y la misma Bolivia.

Según Endara, Bolivia está a la espera de saber cómo resolver “este problema, que es un poco técnico jurídico con relación a la inclusión de Paraguay en la suscripción” del documento.

“Se están haciendo los nuevos estudios respectivos en los distintos Gobiernos de cuál va ser el mejor mecanismo que se pueda tener para que Paraguay se sume o se pueda, al final de cuentas tener un protocolo nuevo, respecto a la adhesión de Bolivia”, dijo.

Enfatizó que se trata de un asunto técnico-jurídico porque en el ámbito político no existe ningún problema en aceptar que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur, ya que Paraguay ha dado su respaldo, si bien su congreso debe aprobar formalmente el documento.

Bolivia ya está participando de las reuniones del Mercosur como país en proceso de adhesión sin derecho a voto, aunque si puede dar opiniones, plantear políticas, disentir y presentar sus reservas.

En el caso de Brasil, Endara explicó que el retraso se debe a que ese país vivió un proceso electoral largo y su Congreso normalmente se toma períodos casi anuales para tratar temas como éstos, aunque Bolivia confía en que tras la nueva posesión de la presidenta Dilma Rousseff con un nuevo Congreso se agilice el procedimiento.

El viceministro sostuvo que, sea cual fuere la resolución de esas dificultades, no se cambiará el hecho de que Bolivia recibirá un trato especial y diferenciado para asumir compromisos en el bloque.

Internamente, Bolivia también hará aprobar el protocolo con el nuevo Parlamento que asumirá en enero próximo, tras el triunfo del presidente Evo Morales para iniciar un nuevo mandato, hasta el 2020.

Bolivia, que hace dos semanas asumió la presidencia temporal de la Comunidad Andina (CAN), logró que el protocolo de adhesión del Mercosur reconociera su decisión de mantenerse también en el grupo andino, formado además por Colombia, Ecuador y Perú.

Endara dijo que el bloque andino ha legalizado el proyecto para que Bolivia se adhiera al Mercosur porque la relación con terceros está regulada, como es el caso también de Perú y de Colombia con la Alianza de Pacífico.

INFOLATAM/EFE