El líder opositor venezolano y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, reveló hoy que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza de partido opositores al Gobierno, vive un “proceso de revisión” de su liderazgo.

“Hay un proceso de revisión normal en la MUD (…), es necesario que se dé; están en su derecho, pero nosotros también tenemos derecho a decidir con quién hacemos política, cómo nos planteamos la lucha política y cuál es el camino que planteamos”, dijo en una entrevista en el canal privado Televen.

La revisión comenzó, dijo, tras las elecciones municipales de diciembre pasado, cuando actuó como jefe de la campaña electoral de los candidatos opositores, quienes conquistaron alrededor de un tercio de los ayuntamientos en disputa.

Previamente, Capriles fue reelegido en diciembre de 2012 gobernador de Miranda, estado que abarca vastas zonas de Caracas.

Asimismo, fue abanderado de la MUD en las presidenciales que en octubre de 2012 ganó el entonces presidente, Hugo Chávez, y en las que en abril de 2013 se impuso el actual gobernante, Nicolás Maduro, de manera fraudulenta, según alega Capriles, por lo que no lo reconoce como presidente legítimo.

Capriles reveló que las críticas en su contra al interior de la MUD se han intensificado debido a que en las últimas semanas no ha dado su apoyo a una serie de manifestaciones propuestas por algunos dirigentes de la alianza que no identificó.

Algunos de ellos, manifestó, “se sientan al lado de uno (…), atrás de uno y uno tiene que estar pendiente porque lo que hay no es la palmadita sino el cuchillo para clavártelo”.

Insistió en que mantendrá su oposición al Gobierno de Maduro y la búsqueda de una “salida democrática a la crisis” que vive el país, pero siempre de manera pacífica y constitucional.

“Queremos un cambio pacífico en el país, nosotros no queremos más muertos, no queremos más división entre los venezolanos”, repitió.

Sobre algunos diálogos entre oficialistas y opositores registrados en las últimas semanas, en uno de los cuales estrechó la mano de Maduro, Capriles sostuvo que “es muy prematuro concluir si en efecto el diálogo es sincero”.

También es prematuro, añadió, vislumbrar si ello permitirá solucionar los problemas del país “o es algo para tratar de bajar las aguas del tema político y ganar tiempo frente a una situación de crisis”, principalmente económica y de seguridad ciudadana.

A su juicio, el Gobierno de Maduro “solo emite medidas económicas que ahogan a los venezolanos”, aunque sobre la seguridad ciudadana expresó su disposición a colaborar con él.

“Iré a donde sea, hablaré con quien sea y trabajaré con quien sea (porque) para mí la vida de los venezolanos no es tema para meterlo en la trinchera de un partido político”, remarcó.

Tomado de INFOLATAM/EFE

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) pidió hoy al Gobierno una solución a la deuda de 2.431 millones de dólares que, según dice, mantiene el organismo administrador de divisas con el sector, asegurando que sin esos fondos no se puede mantener la relación con los proveedores.

En un comunicado publicado hoy en el diario Últimas Noticias, Cavidea señala que “la deuda de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) con el sector asciende a 2.431.862.714 dólares” y reclama que “esta deuda debe solventarse”.

“Es la única manera de mantener y en algunos casos reactivar la relación comercial con los proveedores internacionales”, indica.

La falta de la liquidación de divisas, señala Cavidea, es “el principal obstáculo para la producción de alimentos en Venezuela, puesto que impide a las empresas pagar sus compromisos con los proveedores internacionales”.

“La ausencia de pagos limita también la posibilidad de utilizar líneas de crédito por lo que muchos proveedores han comenzado a detener los despachos de materia primera e insumos necesarios par la producción”, apunta.

Cavidea informa que las empresas afiliadas “están produciendo a plena capacidad, en un entorno económico de costos crecientes y dificultades para la adquisición de materias primas”.

También lamenta que hay precios de productos que fueron congelados por el Gobierno hace dos años y aún no se han ajustado, “lo que ha impedido la obtención de una rentabilidad acorde con las necesidades de la inversión”, señala.

Afirma que para convertirse en un motor de la economía, como quiere el Gobierno, el sector requiere “mantener la producción” y “expandirla”, lo que exige realizar nuevas inversiones.

“El sector agroindustrial puede ser ese motor que requiere la economía pero sin materia prima, insumos, maquinarias y repuestos no será posible cumplir con esa tarea”, añade.

Los agroindustriales indican que “la situación que atraviesa la producción de alimentos en Venezuela requiere de una pronta solución” y reiteran su “disposición a trabajar junto con el Gobierno y los demás actores de la cadena agroalimentaria” para garantizar la seguridad alimentaria en el país.

El Gobierno venezolano está inmerso en una revisión de todo su sistema de entrega de divisas, lo que está generando retrasos en la liquidación de divisas a las empresas, en un país en el que el Estado tiene el monopolio de la administración y distribución de las mismas.

Prácticamente todos los sectores de la economía han advertido de retrasos y de falta de suministros, lo que ha hecho que se mantenga y en algunos casos se agudice el crónico desabastecimiento de productos que sufre el país.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro calcula que alrededor del 30 % de las entregas de divisas el año pasado, alrededor de 20.000 millones de dólares, fueron asignadas de manera fraudulenta o irregular a empresas de maletín o ficticias.

Tomado de INFOLATAM/EFE

Unos 500 trabajadores de periódicos exigieron al Gobierno que entregue dólares para adquirir papel, cuya escasez amenaza con cerrar varios diarios en un país con férreo control cambiario desde 2003

Los manifestantes, que trabajan en áreas como redacción, ventas, publicidad y talleres, se congregaron en Caracas en el exterior de la gubernamental Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), uno de los organismos para tramitar la venta de dólares.

"Existe el riesgo de que cierren numerosos diarios, estamos hablando de que están en peligro 30.000 empleos. Son 20 diarios los más afectados, ya han tenido que cerrar sus puertas 13 y el resto ha bajado el número de páginas", explicó a la agencia AFP Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

Juan Carlos Salas, corresponsal del diario El Impulso, decano de la prensa venozolana que circula desde 1904 en Barquisimeto (oeste), advierte que tienen "papel para 15 días y después se podría aplicar un cierre técnico o se analiza salir a un cuerpo (sección) y si es necesario a una página".

'El Impulso' tiene papel para 15 días

En Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo pero que importa la mayoría de los alimentos y productos que consume, entre ellos papel, los diarios deben realizar un engorroso trámite burocrático para importar papel a tasa oficial de 6,30 por dólar.

Algunos diarios, como El Impulso, ya han recibido la autorización para importar el papel, pero Cadivi no ha entregado los dólares, además de que el transporte del material puede tomar hasta dos meses.

El número dos del Gobierno y jefe del Parlamento, Diosdado Cabello, aseguró hace una semana que hay 13.700 bobinas de papel de prensa sin retirar en el puerto de La Guaira (en las afueras de Caracas), luego de que se divulgaran denuncias sobre la supuesta reventa de papel por parte de grandes diarios.

Los diarios sólo pueden adquirir el papel a través de los organismos gubernamentales, pese a que algunos sectores compran divisas en el mercado negro, donde los dólares superan en un 900% la tasa oficial.

Sin embargo, Guía sostiene que el gobierno cuenta, a través de la renta petrolera, con las divisas para satisfacer la demanda de papel y denuncia una intención gubernamental de "constreñir la información y controlar los medios"

Diarios como El Nacional y El Universal, entre los de mayor de circulación nacional, tienen una línea crítica hacia el Gobierno, que a su vez ha iniciado procedimientos administrativos contra algunos rotativos.

AFP