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FARC y mineros ilegales están arrasando con la región venezolana del Amazonas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Tomado de INFOBAE   
Sábado, 30 de Noviembre de 2013 09:47

La búsqueda de oro y diamantes en la selva permitió el desarrollo de un negocio millonario que sostiene a la guerrilla con recursos extranjeros. Expertos denuncian que los indígenas yanomami trabajan como esclavos a cambio de no ser desterrados

Desde el aire, el manto verde que cubre la Amazonía venezolana deja entrever pequeños, pero cada vez más numerosos, agujeros.

En tierra, a 40°C bajo la sombra, cuadrillas de mineros brasileños, colombianos y venezolanos devoran una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán, que, según autoridades locales, sacan clandestinamente del país con ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC.

Como ocurrió a principios del siglo XX con la fiebre del caucho, los fabulosos precios del oro -que triplicó su valor en la última década- han hecho florecer un millonario e ilegal negocio que sabotea los esfuerzos del gobierno venezolano por frenar la deforestación en el pulmón del planeta.

Organizaciones no gubernamentales de derechos indígenas, como Survival International, calculan que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en las entrañas del estado venezolano de Amazonas, enclavado entre Colombia y Brasil.

Y según el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos por miles de combatientes de las FARC que se esconden del lado venezolano de la frontera de 2.219 kilómetros de selva.

"La presencia de garimpeiros y guerrilleros en territorio venezolano es evidente", dijo Guarulla, un indígena de la etnia baniva que gobierna Amazonas desde 2001.

El político de 59 años, opositor al presidente socialista Nicolás Maduro, recibió recientemente a un grupo de corresponsales extranjeros en su despacho de Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas a unos 540 kilómetros al sur de Caracas.

Durante una conversación en la modesta construcción de techo de paja y paredes mohosas, acusó al Gobierno de no cumplir su compromiso con el medioambiente.

"La explotación ilegal de oro -dijo- se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos".

Autoridades venezolanas no estuvieron disponibles para comentar las denuncias, pero en el pasado han negado acusaciones similares. Maduro ha criticado a Guarulla por abandonar la coalición de partidos que apoyaba al Gobierno y se ha referido a él como "muy corrompido, muy borracho", a pesar de que el gobernador jura ser abstemio.

A diferencia de antaño, cuando los garimpeiros se abrían paso en la selva a machetazos, autoridades de Venezuela y los otros siete países amazónicos han denunciado que ahora emplean maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover una tonelada de sedimento para hallar apenas unos gramos de oro.

Además, contaminan ríos y tierras con el letal cianuro que usan para recuperar metales mediante el proceso de lixiviación.

Representantes de naciones amazónicas reunidos en octubre en Brasilia dijeron que, muchas veces, las transnacionales de la minería esperan a que los garimpeiros descubran una gran veta para tomar el control, apareciendo como los salvadores del daño ambiental con su tecnología de punta.


La maldición yanomamo

Ubicado en el extremo sur de Venezuela, Amazonas es un estado escasamente poblado con un 25 por ciento de su superficie ocupado por el bosque tropical más extenso del mundo: la Amazonía.

Además de producir un tercio del oxígeno que respiramos y ser el hogar de innumerables especies de plantas y animales, la Amazonía es un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y misiles teledirigidos.

Y el devastador avance de los garimpeiros tras esas riquezas no sólo está acabando con la selva, sino también con sus habitantes: los indígenas yanomami.

Nómades dedicados a la caza, la pesca y la recolección, los yanomami ocupan 20 millones de hectáreas de selva prístina, un territorio del tamaño de Reino Unido en la frontera de Venezuela y Brasil. ¿Su maldición? Estar plagados de minerales.

En la década de 1980, una avalancha de 40.000 garimpeiros acabó con la quinta parte de los yanomami, diezmados por la gripe y la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos asesinatos a manos de los buscadores de oro.

El año pasado, sin ir más lejos, una comunidad de 80 yanomami en la frontera con Brasil fue masacrada por proteger sus tierras, según relató uno de los sobrevivientes a radios y periódicos locales. El gobierno venezolano negó que hubiera ocurrido una masacre.

Reforzando la percepción de Amazonas como una vasta tierra de nadie, los casi 20.000 yanomami que deambulan por la selva venezolana se han convertido en mano de obra barata -o sencillamente gratuita- para los garimpeiros.

"En varias comunidades hemos visto yanomami marcados con números en sus hombros", dijo Luis Shatiwe, un líder yanomami de 30 años al mando de una organización que agrupa a varios pueblos indígenas de Amazonas.

Los mineros ilegales apresan a los indígenas y los tatúan para reconocerlos cuando huyen, una práctica extendida en la Amazonía durante la fiebre del caucho. "Los tienen como esclavos", explicó el activista en lengua yanomami.

Una decena de indígenas entrevistados por Reuters durante un reciente viaje a Amazonas dijeron que los mineros actúan con total impunidad.

"¿Para qué uno denuncia? Si a los dos días encuentras a los garimpeiros caminando alegremente por la calle. Aquí no hay autoridad que nos pueda defender", se quejó María Pérez, una indígena hoti que nació en la Sierra Maigualida, cerca de Brasil, pero se mudó a Puerto Ayacucho buscando seguridad.

Alarmados por los abusos de los garimpeiros, líderes indígenas del estado Amazonas dicen estar también preocupados con la aparición en sus tierras de campamentos de la estatal china Citic Group, a la que el gobierno de Maduro le encargó trazar el mapa minero de Venezuela.

Citic está a punto de comenzar el desarrollo de Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del mundo en el sureste venezolano, contigua a la Amazonía. Pero un vocero de la empresa china en Caracas negó que estén interesados en explotar oro también en territorio yanomami.


Más guerrilleros...

A mediados de 2010 el gobierno del entonces presidente colombiano Alvaro Uribe presentó ante la OEA supuestas pruebas sobre la presencia de miembros de las FARC y el ELN -otro grupo guerrillero- en territorio venezolano.

El otrora presidente de Venezuela Hugo Chávez negó las acusaciones y, furibundo, rompió relaciones diplomáticas con su vecino. El tema pasó pronto al olvido.

Pero en entrevistas realizadas en la frontera, soldados de la Guardia Nacional venezolana y residentes dijeron a Reuters que una ofensiva contra la guerrilla en Colombia empujó a las FARC hacia Venezuela.

En San Fernando de Atabapo, una pequeña, calurosa y polvorienta ciudad a 218 kilómetros río arriba desde Puerto Ayacucho, se refieren a los guerrilleros colombianos como los "muchachos".

"Los muchachos vienen al pueblo, se abastecen de gasolina, aceite y demás provisiones y se pierden otra vez en la selva", relató Hassan Fadel, un comerciante libio de 89 años, dueño de un abasto frente al puesto de la Guardia Nacional encargado de la seguridad de los 10.000 habitantes de la localidad.

Fadel, que ha pasado la mitad de su vida en Atabapo, contó que antes los guerrilleros llegaban en uniforme de combate y exigían provisiones. Pero de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer vestidos de civil y cargados de dinero para comprar alimentos, bidones de gasolina y motores fuera de borda.

Lejos de la capital Caracas y accesible únicamente por el río Orinoco o por avioneta, San Fernando de Atabapo fue la capital de Amazonas hasta 1928. Y desde entonces parece que quedó suspendida en el tiempo.

En entrevistas durante una reciente visita, residentes de Atabapo dijeron que al caer la noche avionetas supuestamente cargadas con droga y armamento surcan los cielos estrellados en una danza conocida por muchos, pero denunciada por pocos.

Frente al abasto de Fadel se yergue un pequeño puesto de la Guardia Nacional venezolana atiborrado de motores fuera de borda nuevos, aún en sus cajas, y bidones llenos de gasolina.

Aprovechando la ausencia de sus superiores, un soldado contó que algunos oficiales hacen de la vista gorda al dejar pasar armas, drogas y minerales que son sacados de Venezuela tras una larga travesía por el Orinoco.

"Muchos de los jefes encubren estas acciones porque están en conchupancia (contubernio) con la guerrilla", dijo el militar, que pidió no ser identificado.

Reuters no pudo corroborar las denuncias.

Oficiales de la Guardia Nacional declinaron comentar sobre el tema, pero dijeron que constantemente realizan operativos para impedir la presencia de guerrilleros y mineros en la zona.

A unos metros de allí, decenas de botes, conocidos como "voladoras", descansan desordenados en un puerto donde espera, paciente, un ex garimpeiro devenido en piloto de lancha.

"Ellos (los guerrilleros de las FARC) no sólo cuidan los campamentos donde están los garimpeiros, también los escoltan río abajo", dijo el hombre, y agregó que de vez en cuando regresa a los campamentos mineros para trasladar mercancía.

Pero a medio camino entre Atabapo y Puerto Ayacucho, en el municipio Autana, no todo el mundo está tan seguro.

"Vemos hombres vestidos con trajes militares yendo río arriba, pero no podemos saber de dónde son", dijo Ramón Garrido, un político independiente. "No tenemos las pruebas".


... y menos árboles

La anarquía y la depredación de minerales no son las únicas consecuencias de la presencia de garimpeiros y guerrilleros en la Amazonía venezolana.

La deforestación en Venezuela aumentó en los últimos años a un ritmo de 1.100 kilómetros cuadrados anuales, un agujero del tamaño de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, según cifras oficiales.

Y aunque no es comparable con los 5.843 kilómetros cuadrados deforestados en Brasil apenas en el último año, es una de las tasas más altas de los países de la cuenca amazónica.

Autoridades locales y organizaciones ambientalistas culpan de la tala ilegal a los garimpeiros, pero según la Interpol la extracción de madera se ha transformado en un negocio que puede llegar a mover hasta 100.000 millones de dólares al año.

A mediados de julio la policía internacional comandó un operativo realizado por fuerzas de los países amazónicos y decomisó 292.000 metros cúbicos de madera.

Dos tercios del botín, valorado en 40 millones de dólares en el mercado internacional, provenían de Venezuela. Pero la oficina de la Interpol en Caracas declinó revelar más datos, argumentando que podía comprometer su trabajo.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cree que el crimen organizado es responsable por un 90 por ciento de la deforestación en las selvas tropicales.

"Las operaciones ilegales son cada vez más sofisticadas", dijo la agencia de la ONU en un reciente informe. "Las unidades del crimen organizado a menudo falsifican firmas, hackean las bases de datos comerciales de los gobiernos e incluso sobornan a los funcionarios para obtener un permiso".

Pese a los malos augurios para la Amazonía, el gobierno venezolano lleva a cabo un programa que prevé plantar unos 20 millones de árboles en zonas deforestadas hasta 2015.

Sobrevolando la selva en el pequeño avión que usa para desplazarse por Amazonas, el gobernador Guarulla dice que ojalá la iniciativa del Gobierno pueda, poco a poco, borrar los lamparones de tierra parda dejados por los garimpeiros. Pero como muchos aquí, tiene dudas.

"¿Es posible que si Colombia llega a un acuerdo de paz con las FARC ellos se retiren de Venezuela?", dijo en alusión a las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. "¿O van a seguir en el negocio? Porque es muy bueno".

Diego Oré (Reuters)

 
Fiscalía de Venezuela contra periodistas por hablar de la escasez PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Miércoles, 27 de Noviembre de 2013 08:37

Diario-2001

El Ministerio Público de Venezuela citó hoy a declarar al presidente y a los vicepresidentes del Diario 2001 de Caracas a los que acusa de “información falsa” por un titular sobre una supuesta escasez de combustibles.

Andrés de Armas, presidente de la empresa editorial Bloque De Armas, propietaria del diario, deberá presentarse este miércoles, en tanto que los dos vicepresidentes, Martín de Armas y Armando de Armas, fueron citados para los próximos 2 y 4 de diciembre, respectivamente, detalló la Fiscalía en una nota de prensa.

Las citaciones, añadió el texto, “forman parte de la investigación iniciada el pasado 9 de octubre, ante la denuncia interpuesta en el Ministerio Público acerca de un plan desestabilizador” y “un día después fue publicada una información falsa como titular de primera página en el Diario 2001″.

Diario 2001 señaló en un titular en primera página que los “usuarios se quejan por la falta de gasolina de 91 octanos”, que las “estaciones de servicio reciben menos de la mitad de combustible de hace tres años” y que “consumidores hacen colas de hasta dos horas para surtirse”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reaccionó entonces contra los dueños del diario, afirmando que había que meterlos en la cárcel y que lo que estaban haciendo era un delito.

Con posterioridad, a principios de noviembre, un equipo de periodistas del mismo diario fueron arrestados durante unas horas en una jornada de venta de alimentos a precios bajos organizada por el Gobierno, debido a que, según la dirección del medio, habían registrado incidentes en las colas.

Mandaron a los periodistas “a provocar violencia”, dijo entonces Maduro sobre los directivos del Bloque De Armas.

Buena parte de los diarios tradicionales venezolanos son reiteradamente acusados por el Gobierno de estar alineados a favor de la oposición e incluso de formar parte de supuestos planes conspiradores que denuncia periódicamente.

Maduro ha venido lanzando en los últimos meses acusaciones contra diarios y propietarios de medios de comunicación por lo que considera tratamiento sesgado de las informaciones y ha pedido boicotearlos.

La Defensoría del Pueblo interpuso en un tribunal de menores la semana pasada una acción judicial por “infracción a la protección debida” contra el diario El Universal por una fotografía que mostró en portada una mano y una mancha de sangre de una víctima de secuestro.

La imagen provocó un “gran impacto visual” que vulneró “la integridad psíquica de los niños, niñas y adolescentes” y su “derecho a recibir información adecuada a su desarrollo integral y el derecho a la salud”, argumentó la Defensoría del Pueblo.

Tomado de INFOLATAM

 
Detenidas 26 personas tras inspecciones a comercios en Venezuela PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 22 de Noviembre de 2013 08:38

CARACAS (VENEZUELA), 12/11/2013.- EFE/MIGUEL GUTIERREZ

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo  que han sido detenidas 26 personas en diferentes inspecciones llevadas a cabo por el Gobierno en el marco de la “guerra a la especulación” lanzada este mes y que ha supuesto la intervención de negocios, fundamentalmente, de electrodomésticos.

Esas 26 personas fueron “privadas de libertad por incurrir en delitos de acaparamiento, usura y especulación” verificados en 125 operaciones, entre ellas, 34 allanamientos que han derivado en 73 procedimientos penales y 52 administrativos, dijo Ortega en la estatal Radio Nacional de Venezuela, según una nota de la Fiscalía.

También existen “ocho órdenes de aprehensión, siempre en el marco de los operativos en defensa de la economía y los precios justos” que cumplen fiscales, policías, militares y funcionarios gubernamentales, indicó.

El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, lleva a cabo una campaña contra los altos precios que ha incluido acciones como la ocupación con un operativo “cívico-militar” de una importante cadena de electrodomésticos de Caracas y la fiscalización de decenas de comercios de ese sector comercial.

Los operativos, que continúan, fueron desplegados después de que fuera publicado el dato de inflación de octubre, que reflejó una tasa interanual de 54,3% y un acumulado durante los diez primeros meses de 45,8% y en momentos en que el dólar paralelo ilegal llega a ser hasta 10 veces superior al valor oficial de 6,3.

Maduro, quien lanzó la campaña acusando de “parásitos” y responsabilizando de la situación a los principales gremios empresariales del país, asegura que hay una guerra económica contra su Gobierno y que los altos precios y los márgenes de ganancia superiores al 1000% no se justifican.

La campaña ha incluido también el bloqueo de páginas de Internet en las que se cotiza el dólar paralelo e incluso una solicitud a Twitter para que bloquee cuentas vinculadas con ese tipo de actividad.

En Venezuela existe un control de cambios desde 2003 que deja en manos del Estado el monopolio de la gestión y administración de divisas, que se adquieren a través de una serie de trámites para un determinado número de supuestos.

El Gobierno ha denunciado márgenes de ganancia en los productos de más del 1000%, fraude en la adquisición de divisas por parte de empresas que supuestamente luego venden calculando a un valor muy superior y el incremento artificial de un dólar paralelo ilegal que, dicen, no obedece a ninguna razón económica.

Tomado de INFOLATAM/EFE

 
El Estado boliviano controla el 38 % de la economía con las nacionalizaciones PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Viernes, 29 de Noviembre de 2013 08:43

El presidente de Bolivia, Evo Morales (c) asiste al acto de toma de las oficinas de la Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica Española (REE), en Cochabamba (Bolivia). En ese acto el mandatario se comprometió a reconocer las inversiones realizadas por REE en Bolivia.

El Estado boliviano controla ahora el 38 % de la economía del país debido a su política de nacionalización de empresas en los sectores estratégicos, aplicada desde 2006, cuando ese porcentaje era de solo un 15 %, afirmó el Gobierno.

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, dio a conocer el dato en una exposición sobre el modelo económico boliviano en la Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz (este).

“Antes de que llegáramos nosotros, el Estado se hacía cargo de un 15 % del Producto Interior Bruto (PIB). Hoy el estado se hace cargo de cerca del 38 ó 39 % del PIB”, dijo García Linera.

El presidente boliviano, Evo Morales, asumió el poder por primera vez en enero de 2006, comenzó su segundo mandato el mismo mes de 2010 y el próximo año buscará un tercer mandato, hasta el 2020.

García Linera afirmó que se estatizaron de forma selectiva las empresas claves de la economía que generan ganancia, por lo que “no hay ningún afán” de nacionalizar todas las privadas.

Desde 2006, Morales nacionalizó una veintena de compañías en los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, minería, gestión de aeropuertos y producción de cemento, entre otras áreas, de inversores europeos, norteamericanos, latinoamericanos e incluso bolivianos.

Muchas de las empresas aún no han recibido las compensaciones por la expropiación y han planteado demandas internacionales de arbitraje contra el Estado boliviano o han amenazado con hacerlo.

García Linera justificó la nacionalización porque para Bolivia era clave retener el excedente de los sectores y convertirlo en el motor de la economía nacional, que este año llegará a un 6,5 %, el más alto en 28 años de la historia boliviana, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Hace casi ocho años, el PIB era equivalente a 8.000 millones de dólares, pero ahora ronda los 32.000 millones, según han destacado el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

García Linera refutó que el crecimiento de Bolivia se explique solo por los mejores precios del gas natural que se exporta a Brasil y Argentina y aseguró que fue clave cambiar el régimen de propiedad de las empresas estratégicas.

En ese sentido, explicó que si el grupo de petroleras nacionalizadas siguiera en manos extranjeras, los ingresos del Estado con el actual precio de hidrocarburos sería de 1.600 millones de dólares, pero bajo el control estatal esa suma es hoy equivalente a los 4.200 millones.

El vicepresidente insistió además en que si no se hubiera cambiado la propiedad, la diferencia entre ambas cifras, equivalente a unos 2.600 millones de dólares, se hubiera enviado al exterior como ganancias de las trasnacionales.

Tomado de INFOLATAM/EFE

 
Venezuela: Maduro aprueba dos primeras leyes para controlar precios y uso de divisas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Indicado en la materia   
Lunes, 25 de Noviembre de 2013 09:58

nicolas maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó hoy dos normas para controlar precios, márgenes de ganancias y uso de divisas en el marco de la Ley Habilitante que le fue aprobada el martes pasado y que le confiere poderes especiales para legislar sin control del Parlamento.
“Voy a firmar la primera ley de la Habilitante: Ley orgánica para la protección del pueblo y sus derechos económicos”, dijo Maduro durante un acto de Gobierno que encabezó en el estado Zulia (oeste) antes de imprimir su rúbrica en la primera norma que aprobó hoy.

Más tarde y en el mismo acto, el presidente firmó la segunda norma aprobada al amparo de los poderes especiales, la que crea el Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Nacional de Comercio Exterior.

Con respecto a la primera norma, Maduro indicó que servirá para proteger “las libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo que trabaja” y tras señalar que no puede perder el tiempo, dijo que hay que “controlar y regularizar esta guerra económica” que asegura le declaró el empresariado aliado con la oposición.

Dijo, además, que esa primera ley será remitida mañana al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la estudie y avale el carácter orgánico que requiere.

“Tenemos que imprimir de esta ley no menos de cinco millones de ejemplares para que nuestro pueblo se convierta en el garante cumplidor de esta ley para establecer los costos, las ganancias máximas, los precios justos”, señaló.

Al referirse a la segunda norma, explicó que tiene como objetivo ordenar, con nuevas instituciones, “todo lo que se importa y lo que se exporta”, el manejo de las divisas que entran al país por renta petrolera “para que no se las robe más, ni se las malbarate”.

Informó que el Centro Nacional de Comercio Exterior establecerá todos los parámetros para el uso de los dólares que entrega el Estado a las empresas nacionales e internacionales, que deberán firmar un contrato “de fiel cumplimiento” del uso que aseguraron tendrán los dólares, lo que se comprobará posteriormente.

También indicó que los empresarios que pidan dólares para importar productos deben inscribirse en un nuevo registro nacional de importadores y exportadores de Venezuela, en el que no podrán registrarse los que han sido señalados de “robar” o “malbaratar” divisas.

Dijo que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), organismo encargado de entregar el 95 % de los dólares a las empresas en el marco del control de cambios que rige en Venezuela desde 2003, recibirá ahora “la orden directa” del recién creado Centro Nacional del Comercio Exterior.

Agregó que la Corporación de Comercio Exterior se ocupará de las importaciones y que estará conformada por “poderosas empresas del Estado” y que podrán participar empresas privadas que se registren para que trabajen en sociedad “cuando haga falta asesoría” en “temas vitales” como por ejemplo la importación de medicinas.

“Tengo fe que en mediano plazo, en dos años, Venezuela va a incrementar muy, muy, muy altamente las exportaciones y el ingreso de divisas de otras fuentes directas distintas al petróleo venezolano”, señaló el gobernante.

Maduro solicitó el 8 de octubre pasado poderes especiales para legislar para combatir la corrupción y hacer frente a una “guerra económica” que protagonizan empresarios “ladrones, usureros y especuladores”.

Tomado de INFOLATAM/EFE

 
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